A la Universidad compostelana le cupo el triste honor de albergar la agresión inaugural a políticos en la precampaña de las elecciones generales. Pero tras María San Gil, tachada de terrorista por los admiradores de los etarras, vinieron las embestidas contra Dolors Nadal y Rosa Díez. El viernes les tocó el turno a dos consejeros del Gobierno madrileño, lo que indica que los que se consideran con derecho a atacar a los que no piensan como ellos le han cogido afición al matonismo. La cosa no es nueva, pues los matones tienen en España larga tradición, pero debiera preocupar no solo a quien los sufre.
El PP, víctima principal aunque no única de estos nuevos bravucones, que actúan bajo banderas de conveniencia diferentes (el independentismo, el republicanismo o incluso ¡el progresismo!), ha reaccionado como en él ha acabado por ser habitual: tirando por elevación y errando el tiro. Porque errar el tiro es acusar al Gobierno de unas agresiones con las que no tiene que ver en absoluto. La vicepresidenta De la Vega, que ha convertido la solemnización de lo obvio en su arte personal, lo ha proclamado con toda claridad: «El Gobierno condena sin paliativos cualquier acto violento». Pues claro. ¡Solo faltaría!
Es cierto, sin embargo, que al mismo Gobierno que condena esa violencia contra los candidatos que no están en la gran entente nacionalista-socialista lo sostiene un partido que impulsa un cuaderno de instrucciones (Guía de campaña) en el que se anima a los candidatos socialistas a señalar que el PP es un búnker de extrema derecha y Rajoy un autoritario. El objetivo, claro, es crear esa tensión que Zapatero dice precisar y meter miedo a los que dudan si votar. Si estuviéramos en Noruega o en Islandia, el asunto no pasaría de merecer la dura crítica moral de todo engaño. Pero como estamos en España, juzgar de extrema derecha a la derecha democrática resulta de una irresponsabilidad apabullante: negar tal inmundicia no evitará las agresiones, pero ayudará a colocar en su sitio a los matones.