La operación Perserte investiga comisiones por licencias de parques eólicos
28 mar 2026 . Actualizado a las 20:52 h.La Guardia Civil detuvo este martes en Madrid a Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en la etapa de Teresa Ribera, en el marco de la denominada operación Perserte. Los investigadores atribuyen a este hombre de confianza de la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por, supuestamente, haber recibido mordidas a cambio de facilitar la tramitación de permisos para parques eólicos de la empresa aragonesa Forestalia. Se trata de la misma firma presuntamente beneficiada por la trama corrupta desarticulada el pasado diciembre y que encabezaba Santos Cerdán.
La detención de Domínguez fue practicada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que desplegó un amplio operativo con doce registros —diez en Madrid y dos en Zaragoza— y seis arrestos en total. La causa está dirigida por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, plaza número 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de esa provincia.
Los agentes lograron «desentrañar el entramado societario» que habría servido para canalizar los pagos. Domínguez, que tras su jubilación fue contratado con nivel 30 por la Secretaría de Estado, habría actuado «a cambio de una contraprestación económica» para influir de manera irregular en la emisión de determinadas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), requisito imprescindible para la autorización de proyectos eólicos y fotovoltaicos. La investigación se centra en la «posible manipulación» de esas declaraciones, especialmente en la provincia de Teruel. Según los indicios recabados por la Ucoma, la trama de Domínguez «habría podido beneficiar a un grupo empresarial del sector de las energías renovables» en la obtención de permisos.
Los agentes sospechan que, para mover el dinero y ocultar su origen, los implicados habrían utilizado «varias sociedades interpuestas», así como la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.
Durante las pesquisas en estos parques, se hallaron «aves electrocutadas y otros elementos» que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de las licencias concedidas. La investigación analiza si la tramitación tuvo en cuenta la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo. La operación afecta de lleno a Forestalia, cuyos centros en Madrid y Zaragoza fueron registrados desde primera hora de la mañana de este martes. También fueron allanados los domicilios de varios directivos y el del propietario de la compañía.
Además, los investigadores examinan la posible implicación de una veintena de empresas vinculadas a proyectos renovables, entre ellas sociedades relacionadas con el clúster eólico del Maestrazgo (Teruel), un plan de gran envergadura que había sido denunciado ante la Fiscalía de Aragón.
Fuentes próximas al caso señalaron que la Guardia Civil ya tenía bajo el foco a Forestalia por otras cuestiones, entre ellas una subvención de unos 17 millones de euros concedida a Arapellet, empresa radicada en Huesca y vinculada a la producción energética.