El PNV pacta con el Gobierno ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler
ESPAÑA
El Ejecutivo opta por trocear en dos decretos la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de los desahucios
03 feb 2026 . Actualizado a las 13:21 h.El Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados ha acordado con el Gobierno central ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, lo que evitará «que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables» al tener que asumir «la carga del impago a la que se les obligaba». La formación de Aitor Esteban consideraba que los propietarios de un único alojamiento no pueden asumir la carga de tener que ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad cuando son desalojadas tras una okupación. Los jeltzales, en definitiva, consideran que se debe establecer una diferencia entre los grandes tenedores y las personas que con carácter particular alquilan un piso. Un planteamiento que, según Sabin Etxea, el Ejecutivo ha aceptado.
El PNV ha valorado la ampliación del «escudo social» a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, que quedarán exentos de «asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad». Según ha puntualizado, la nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno, «incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco», por lo que «exonera de esta obligación a los propietarios que solo tienen una o dos propiedades», una de ellas la vivienda habitual y la segunda en alquiler. El PNV ha asegurado que, de esta forma, «se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos».
El Partido Nacionalista Vasco ha insistido en que «han peleado» para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los fondos buitre «hasta lograr que el Gobierno español los diferencie» y evite, con esta nueva redacción, «que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado». Por ello, ha expresado su satisfacción por que el Gobierno central «haya aceptado este acuerdo de mínimos» y ha esperado que «esto permita a los grupos parlamentarios seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social».
La portavoz del grupo vasco, Maribel Vaquero había advertido ya este lunes de que la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad no puede recaer sobre los propietarios con una única vivienda en alquiler. «Un nuevo escudo social solo es posible -dijo, insistiendo en una propuesta que su partido ya planteó en diciembre- si se amplía a los pequeños propietarios y se evitan dobles vulnerabilidades».
El acuerdo alcanzado entre PNV y PSOE para sacar a los propietarios de una vivienda de la prohibición de desahucios a familias vulnerables, a cambio de su apoyo para convalidar el escudo social en el Congreso, ha desatado el enfado de Podemos, que tacha el anuncio de «asco absoluto». En redes sociales, Belarra ha censurado este pacto y ha lanzado que el «PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que solo tienen una vivienda para alquilar». «Pobrecitos, solo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto», ha apostillado la también diputada en el Grupo Mixto. «Hasta ahora había miles de familias protegidas y a consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el PNV va a haber muchas personas desprotegidas. Me parece especialmente lamentable la forma en lo que lo han contado porque no se está protegiendo a las personas que son caseros y tienen más de dos viviendas, lo que se está haciendo es desproteger a las personas que están alojadas en esas viviendas, en su casa. Pediría al PSOE y al PNV un poquito de seriedad y contarle la verdad a la gente, no esta narrativa falsa, que lo que hace es no contarle a la gente que van a dejar en la calle a inquilinos vulnerables», ha dicho la líder de Podemos antes de un acto electoral en Zaragoza.
Decreto ómnibus
La negociación con el PNV se ha producido dentro del enrevesado proceso para sacar adelante las medidas incluidas en el decreto ómnibus que rechazó la semana pasada el Congreso con el voto en contra del PP, Vox y Junts. El real decreto ley que decayó incluía una batería de medidas de todo tipo, entre ellas la revalorización de las pensiones en un 2,7 %; de las mínimas, en un 7 %, y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), en un 11,4 %, unas subidas que ya se aplicaron en la nómina de enero pero que ahora están en el aire. También se prorrogaba el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 hasta que se apruebe el de 2026, se congelaban las cotizaciones sociales de los autónomos y se prorrogaban los umbrales de facturación que les permiten permanecer en el régimen de módulos. Además se prohibían los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables, se prorrogaban los descuentos del bono social eléctrico y se eliminaba la obligación de que los perceptores de la prestación por desempleo presenten la declaración de la renta. Otras medidas eran la prórroga de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, la bonificación fiscal por compra de vehículos eléctricos e inversiones en obras de eficiencia energética o la exención de IRPF para las ayudas por daños provocados por los incendios forestales, entre otras.
¿Cuál ha sido la solución? Aparentemente, trocear el decreto en dos. Por un lado, la revalorización de las pensiones y por el otro todas las medidas de protección social. Y ahí la postura del PNV era clara al denunciar la situación de desprotección en la que se están quedando pequeños propietarios cuyos inquilinos dejan de pagar el alquiler al estar obligados a buscar una alternativa a quienes okupan sus pisos.
En Sumar consideran «satisfactorio» que el PSOE haya considerado su propuesta de no desgajar la moratoria antidesahucios del resto de las medidas del escudo social, a excepción de la revalorización de las pensiones, que irá por separado. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que hasta esta misma mañana «había presiones» para que los desahucios fueran «por separado», algo que, explica, hubiera complicado su tramitación parlamentaria.Con la cesión al PNV, que consideran «pequeña», por tanto, se encuentran más cómodos que Podemos. «Era fundamental que no se desgajara. Vuelve a Congreso esa medida. A ver quién tiene excusas para votar en contra», señala el también portavoz de Sumar, que está «convencido» de que atraerán a Podemos y a Junts al voto a favor, pese a que estos últimos han tachado de «parche» la medida pactada con el PNV.