El Gobierno se abre a incentivar la vuelta de empresas a Cataluña mientras negocia el apoyo de Junts

Paula de las Heras / Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Puigdemont y Sánchez, en Estrasburgo
Puigdemont y Sánchez, en Estrasburgo RONALD WITTEK | EFE

Los socialistas replican aun así que su obligación es ofrecer un marco de «seguridad jurídica» al sector económico al tiempo que la Generalitat se posiciona abiertamente en contra del plan de los de Puigdemont para que quienes trasladaron sus sedes con el «procés» regresen a Cataluña

09 ene 2024 . Actualizado a las 17:35 h.

El reloj corre y el Gobierno sigue sin tener garantizados los apoyos suficientes para convalidar este miércoles sus tres primeros reales decretos leyes. Junts, clave, mantiene toda la presión e insiste en que votará en contra. Los socialistas, sin embargo, se muestran confiados en que lograrán superar la enorme prueba a la que se enfrentan tan solo mes y medio después de la investidura de Pedro Sánchez, pese a que este martes dieron a entender, de modo sutil, que no aceptaran una de las principales contrapartidas exigidas por los posconvergentes, al menos, no en los términos en los que ha sido planteada. «Hasta el rabo todo es toro», dicen fuentes gubernamentales.

El partido de Carles Puigdemont exige que se revierta el decreto que aprobó el Gobierno del PP en el 2017 y que facilitó la huida de miles de empresas catalanas al resto de España por el procés, pero no de cualquier manera. Reclama que ese decreto quede sin efecto a través de la reforma de ley de Sociedades de Capital, incentivar fiscalmente a las empresas que decidan dar marcha atrás y regresen a Cataluña, premiar a las que no trasladaron fuera sus sedes sociales y, además, sancionar a las que no vuelvan a Cataluña.

Con la negociación abierta en canal -y cercenada por completo la alternativa de conseguir como mínimo una abstención del PP que salve la situación- , el Gobierno evitó descalificar abiertamente la propuesta de su socio más beligerante pero tanto el flamante ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la ministra portavoz, Pilar Alegría, advirtieron este martes en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Ejecutivo actuará de manera que se garantice la «seguridad jurídica» de las empresas. «La seguridad del marco jurídico es fundamental y ahí es donde nos vamos a encontrar», subrayó Cuerpo.

El acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Junts ya recogía el compromiso de facilitar el retorno a las empresas que se fueron de Cataluña en el 2017 y el Ejecutivo está dispuesto a explorar fórmulas que lo permitan pero ninguna de las planteadas por los posconvergentes parecen tener encaje legal ni en España ni en la UE. Una de las grandes empresas que se movieron en su día para sortear los efectos negativos de una eventual declaración unilateral de independencia fue Caixa Bank, de la que el Estado es accionista.

Rechazo de ERC

Mientras el Gobierno central se mueve con todas las cautelas, en todo caso, el catalán (ERC) no mostró reparo alguno en rechazar de manera tajante la propuesta de Junts, los incentivos fiscales y las multas. Y este martes instó a su principal rival en el mundo independentista a que abandone las «gesticulaciones» y apoye los decretos del Gobierno. El argumento que esgrime el Palau de la Generalitat es que las ayudas que defienden los posconvergentes penalizarían a las empresas que decidieron quedarse. «Ni se contempla ni se ha contemplado nunca. Rotundamente, no», ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Hay aun así otros asuntos que Junts ha puesto sobre la mesa y con los que también puede negociar el Gobierno. Reclama, por ejemplo, que la reunión prevista entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en el extranjero, confirmada ya por el propio presidente del Gobierno, se celebre antes de la aprobación de la ley de amnistía, que se prevé para abril. El Gobierno anunció que esta reunión tendrá lugar, pero dejó caer que seguramente sería después de que la ley de amnistía sea validada por el Congreso. Junts presiona para que sea con anterioridad.

Sin apoyos

Junts, que ayer pidió al Gobierno que retire los tres reales decretos leyes y los negocie desde cero pero por bloques temáticos, volvió a dejar claro este martes que no le vale que los textos se puedan tramitar, una vez convalidados, como proyectos de ley con posibilidad de enmienda. Es «insuficiente», dijo su portavoz, Josep Rius. «El compromiso de Junts era votar todo aquello que nos acerque al reconocimiento nacional y a acabar con agravios históricos como el infrafinanciación. Con estos decretos no solo no nos acercamos, sino que reculamos», afirmó ayer Jordi Turull, secretario general de Junts en TV3.

El otro punto de discordia entre PSOE y Junts es el decreto sobre Justicia, en lo que hace referencia a las cuestiones prejudiciales. Los de Puigdemont temen que el cambio normativo pueda ser un obstáculo para la aplicación de la ley de amnistía. Podría dilatar su puesta en marcha, creen los junteros. Los servicios jurídicos del Govern, en cambio, descartan que los cambios anunciados por el Gobierno e incluidos en uno de los decretos ley que se vota este miércoles ponga en peligro la ley de amnistía. «Sigue su curso y será una realidad este mismo año», según Plaja. «Hemos mirado con lupa los decretos y hay seguridad jurídica», ha rematado. Según la Generalitat, no hay invasión competencial como denuncia Junts y los decretos a su juicio son necesarios. Por ello, ha pedido a Junts a votar a favor. Entre otras cosas, para no bloquear el traspaso del ingreso mínimo vital, según el Gobierno catalán.