El Poder judicial se compromete a votar a sus candidatos para el Constitucional el 22 de diciembre
ESPAÑA
El pleno del CGPJ rechaza emitir un informe sobre la derogación de la sedición
25 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves salir del bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional (TC), un movimiento de evidente calado político por la presión del Gobierno para cumplir con la ley y sacar de la interinidad a la corte de garantías. El pleno fijó el 22 de diciembre la fecha del próximo cónclave para votar a los candidatos que presenten los bloques progresista y conservador, respectivamente. No obstante, este paso no supone que vaya a haber un acuerdo antes de Navidad, según señalan fuentes del CGPJ, que recuerdan que se requiere una mayoría cualificada de 11 de los 18 votos en liza para los nombramientos, lo que obliga a la negociación.
Un día después de que el Supremo rechazara suspender el nombramiento del presidente sustituto del Consejo, el vocal Rafael Mozo, tras la dimisión en octubre de Carlos Lesmes, la reunión entre los bloques se reactivó y ayer se anunció por vez primera una fecha para testar los apoyos a los aspirantes al TC.
De momento se sabe que el sector progresista se ha decantado por el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, uno de los fundadores de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), mientras que el sector conservador aún sigue en la búsqueda de candidatos tras la negativa de varios integrantes del alto tribunal. El comité negociador volverá a verse el próximo jueves para avanzar con el proceso y tratar de llegar al 22 de diciembre con el acuerdo cerrado.
«Estándares europeos»
Ayer hubo distanciamiento entre los vocales por la reforma y derogación del delito de sedición. Ocho consejeros conservadores solicitaron al presidente interino que incluyera en el orden del día su propuesta sobre la reforma penal. El objetivo final era que el CGPJ elaborara un informe sobre sus consecuencias judiciales. La cuestión es que PSOE y Unidas Podemos presentaron su iniciativa legislativa como proposición de ley, una fórmula que permite no pedir informes al Consejo y otros órganos constitucionales que, en caso de haberse optado por el anteproyecto de ley, sí serían obligatorios. Sin embargo, el asunto se escrutó en el pleno de ayer y el resultado fue de nueve votos frente a ocho, por lo que la propuesta no salió adelante.
En cambio, sí se aprobó por unanimidad el dictamen sobre el anteproyecto de ley de bienestar animal, que supone la modificación del Código Penal, el endurecimiento de las penas y la inclusión de nuevos supuestos.