Una asociación de Memoria Histórica pide sacar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos
ESPAÑA
Argumenta que «desde el 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio» que regula la presencia de los religiosos
02 oct 2022 . Actualizado a las 13:24 h.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha instado al Gobierno de España a echar del Valle de los Caídos a los monjes benedictinos o a renovar el convenio por el que permanecen allí, ya que la concesión terminó en octubre del 2020.
La ARMH ha registrado un escrito al Gobierno advirtiendo de que los monjes permanecen «ilegalmente en el Valle de los Caídos» y que, de no tomar medidas al respecto, estudian presentar una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía «ante el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno».
En concreto, la ARMH afirma que «desde el 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio que regula la presencia de un grupo de monjes» en ese lugar, firmado entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos y que desde 1958 regía la presencia de esa congregación religiosa en Cuelgamuros.
Según la asociación, al no haber sido renovado por el Estado y haber transcurrido cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio está extinguido. Esta ley, en su disposición adicional octava, dicta que «cualquier convenio con el Estado por tiempo indefinido que no haya sido prorrogado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley quedará extinguido a los cuatro años», que se cumplieron el pasado 2 de octubre del 2020.
Ello significa que la comunidad benedictina «debería haber abandonado el Valle de los Caídos el pasado 1 de octubre del 2020, último día de vigencia del convenio que les autorizaba a residir y gestionar sus instalaciones», indica el escrito al Gobierno.
A partir de ese día «su estancia debe considerarse ilegal y el Gobierno, en su deber de velar por la legalidad, debería haber obligado a los monjes a abandonar el recinto y dejar de ejercer cualquier control sobre el mismo». De acuerdo con la asociación, la inoperancia del Gobierno en ese sentido ha permitido que el pasado 18 de julio del 2022 se haya oficiado una misa que incumple el artículo 16.2. de la Ley 52/2007.
La ARMH ya registró en febrero del año 2021 un escrito a la Fiscalía General del Estado para denunciar la permanencia ilegal de los monjes en las dependencias del Valle, indica la asociación en un comunicado.
La Fiscalía, por su parte, les informó que había dado traslado «al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, al considerar que ese organismo tiene las competencias para ejercer en su caso las acciones legales y administrativas», que depende del Ministerio de la Presidencia.
Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, «el Gobierno tiene dos opciones: o echa a los monjes benedictinos inmediatamente y hace cumplir con la legislación vigente o, si lo que quiere es la permanencia de los monjes en el Valle, tendrá que renovar el convenio que ya no está en vigor. De lo contrario estaría prevaricando al incumplir las leyes que le obligan a tomar medidas».
Ante el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno, la ARMH estudia presentar en la Fiscalía «una denuncia por prevaricación ya que el Gobierno es consciente de que está incumpliendo una ley que le obliga a restablecer la legalidad y aplicar la medidas que genera la extinción del convenio y no lo hace».