La denuncia por prevaricación contra Meritxell Batet está abocada al fracaso en el Supremo
ESPAÑA
Los magistrados del Alto Tribunal lamentan que los partidos los utilicen para sus enfrentamientos políticos
23 oct 2021 . Actualizado a las 18:50 h.En el Tribunal Supremo ya avisan que la denuncia por prevaricación contra Meritxell Batet por retirar el escaño a Alberto Rodríguez va a tener el mismo final que el 99 % de las demandas que se presentan contra los políticos aforados: el archivo. Pero la anunciada denuncia ha sentado particularmente mal en el alto tribunal. Y no porque esté provocada por el cumplimiento de una sentencia del propio Supremo, sino porque tiene lugar en unos días en los que los intentos de judicializar la vida política, por parte de partidos y particulares, están sobrecargando de «manera gratuita» a una Sala de lo Penal que, además de ocuparse de los embrollos judiciales de los aforados, tiene que resolver en última instancia todos los asuntos penales de país que agotan la vía judicial.
Guerra judicial entre partidos
«El Supremo no puede ser la última ventanilla de los enfrentamientos políticos», era ayer el lamento unánime entre magistrados de todo el Supremo, y no solo de la Sala de lo Penal. Y es que llueve sobre mojado. Solo en los últimos días, el tribunal ha archivado dos denuncias penales contra la ministra de Igualdad, Irene Montero; otra contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y una última contra el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique.
En todos estos casos, el archivo, a pesar de estar cantado, provocó una apertura del expediente para la admisión a trámite, con el consiguiente tiempo y esfuerzo para revisar si existían defectos de forma, y ello antes de tener que reclamar informe a la Fiscalía, paso insoslayable previo a dar carpetazo al tema. Un archivo —explican desde el Supremo— que casi siempre se produce porque la denuncia solo se basa en recortes de prensa y conjeturas o, directamente, rezuma a guerra entre partidos o rencores. En particular, se refieren a la los recursos interpuestos por Vox y el PP contra el nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, que el pasado martes fueron inadmitidos por la Sala de lo Contencioso del Supremo al considerar que ninguno de los dos partidos está legitimado para poner en cuestión la decisión del Gobierno.