Pedro Sánchez asume la responsabilidad de la entrada de Brahim Gali a España

Mateo Balín COLPISA | MADRID

ESPAÑA

Fotografía de archivo del líder del Frente Polisario y presidente de la República Arabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali.
Fotografía de archivo del líder del Frente Polisario y presidente de la República Arabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali. Javier Martín | Efe

El presidente del Gobierno evita admitir si dio la orden del ingreso clandestino del líder del Frente Polisario

22 sep 2021 . Actualizado a las 21:23 h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió este miércoles por primera vez la responsabilidad de la entrada clandestina del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España el pasado mes de abril para tratarse por coronavirus. Un asunto que investiga un juez de Zaragoza por presunta prevaricación administrativa al no cumplirse supuestamente las normas de control fronterizo e, incluso, utilizar una identidad falsa para pasar inadvertido en el hospital de Logroño donde estuvo ingresado durante 44 días.

Antes de su comparecencia esta noche en la Asamblea de la ONU de Nueva York, Sánchez aseguró que la entrada de Gali se hizo siguiendo una petición humanitaria, para salvar la vida de una persona y que se hizo «de acuerdo a la ley». Un argumentario que maneja el Gobierno desde que la causa instruida por el juez Rafael Lasala comenzara a coger vuelo y ya salpica a la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, investigada y pendiente de conocer la fecha de su declaración.

Sánchez añadió que «hubo una petición humanitaria para salvar una vida a una persona que estaba a punto de morir», en referencia a que el líder del Polisario estaba muy grave por los efectos del covid-19, y por ello fue hospitalizado en Logroño tras su llegada a la base aérea de Zaragoza. «El Gobierno de España hizo lo que debía, dar respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley», abundó, sin responder a la pregunta de si fue él quién dio la autorización final para que se produjera la acogida.

Esta circunstancia ha sido utilizada por el PP para pedir la identificación del «señor X» del caso y por lo que ya ha pedido la comparecencia de los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y de Exteriores, José Manuel Albares. Considera que el cese de Laya buscaba «tapar un grandísimo escándalo».

Las palabras de Sánchez se producen después de que se supiera que el titular del Juzgado de Instrucción siete de Zaragoza haya preguntado a la Abogacía del Estado si va a defender a la exministra. El juez requiere a los servicios jurídicos estatales, en caso de que acepte la defensa, que remita el domicilio de Laya a efectos de notificación. En caso contrario, anuncia que ya ha informado a la Policía para que envíe dicha dirección al no poder obtenerse a través del Punto Neutro Judicial.

Nuevas declaraciones

Para avanzar con las pesquisas y aclarar si hubo un delito de prevaricación en la entrada de Gali a la base de Zaragoza procedente de Argelia, el instructor ha citado como testigo el 4 de octubre al ex secretario general técnico de Exteriores, José María Muriel. Tanto la presencia de Muriel como de González Laya se produce como consecuencia de la comparecencia el 13 de septiembre del jefe de gabinete del ministerio, Camilo Villarino, que señaló a la exministra como la persona que ordenó la entrada de Gali. También implicó en el conocimiento del caso a la directora de gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta, Isabel Valldecabres. A Villarino, por cierto, lo defiende la Abogacía.

A raíz de tales afirmaciones, una de las acusaciones personadas envió un escrito al juzgado interesando la testifical de la propia Calvo por videoconferencia para descartar que conociera los pormenores de la entrada del líder del Frente Polisario.

Del mismo modo, el juez ha librado un oficio al departamento de Sirene España (Sistema de Información Schengen) para que le diga si cualquiera de los Estados miembros de la UE había insertado descripciones a efectos de detención o localización a fin de que conocer si Gali, de 72 años, tenía algún requerimiento en cualquier país de la zona Schengen. Esta diligencia pretende conocer si además de la supuesta entrada irregular del ciudadano español se pudo hacer caso omiso a cualquier advertencia sobre su situación procesal.

España y Marruecos pactan una cita de sus ministros de Exteriores para normalizar sus relaciones 

La Voz

Los ministros de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y Marruecos, Naser Burita, acordaron mantener una reunión próximamente, la primera que se celebrará tras la crisis entre los dos países por la avalancha de inmigrantes irregulares en Ceuta procedentes de territorio de Marruecos. El inicio del 76 período de sesiones de la Asamblea de la ONU propició el contacto entre ambos ministros aunque fue de carácter telefónico, ya que en Nueva York solo está el ministro español. Su homólogo marroquí no se desplazó debido a que se encuentra en funciones y a la espera de la formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones en su país. Eso no impidió que en su conversación acordaran verse en persona próximamente, pero sin fijar fecha.

No trascendieron los asuntos que abordaron en la conversación, pero fuentes españolas la enmarcan en el «nuevo espíritu» existente en las relaciones bilaterales y que creen que se evidenció en el discurso del rey Mohamed VI de Marruecos, el pasado agosto. El pasado mes de mayo los dos países vivieron su peor crisis en varias décadas después de que Marruecos permitiera la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000 personas en protesta por la admisión de forma secreta en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Como consecuencia de esa crisis, Rabat llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich, que todavía no ha regresado a su puesto. Albares solicitó hablar con Burita en su afán por «consolidar» la relación entre España y Marruecos de «respeto mutuo», y «dar un paso más en la normalización» tras la crisis de Ceuta, según informaron fuentes diplomáticas.