Cs se querella contra la Generalitat por su aval a los encausados del «procés»
ESPAÑA
Afirma que busca garantizar la impunidad de los investigados con otro gasto ilegal
24 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La causa del Tribunal de Cuentas contra los líderes del procés, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, se complica aún más. El organismo fiscalizador aún no ha admitido ni rechazado la fórmula elegida por el Gobierno catalán para hacer frente a las fianzas impuestas contra los 34 encausados, y la Generalitat ya tiene encima de la mesa su primera querella criminal.
El día después de que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) formalizara los avales con dinero público para los 34 investigados, Ciudadanos presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Cataluña contra los integrantes de la junta de gobierno del ICF y contra el Gobierno de la Generalitat. La querella es por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asumió el cargo hace dos meses. Estaba llamado a liderar el aterrizaje del independentismo, pero de momento su Ejecutivo ya tiene una querella criminal presentada ante la Fiscalía. Tras los indultos y a las puertas de que se reanude el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, la fianza de 5,4 millones del organismo fiscalizador se ha convertido en el principal punto de fricción con las instituciones del Estado.
Ciudadanos acusa al Gobierno autonómico de haber aprobado el decreto ley según el cual creó el fondo complementario de riesgos para avalar la fianza de los encausados independentistas «a sabiendas de su manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad». La formación naranja considera que hay fraude de ley. Y entiende que se «pretende garantizar la impunidad» de los investigados con un nuevo «gasto ilegal».
Cs ya reclamó a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que pida la nulidad del aval del Gobierno autonómico, pero avisa de que aunque el organismo fiscalizador no acepte la fianza a través del ICF, la querella presentada seguirá adelante, pues a su entender el «perjuicio patrimonial» de la Administración ya se ha producido.
El ICF, según Ciudadanos, comete una «ilegalidad absoluta» y un «desprecio de sus funciones» que no son otras que conceder créditos a las empresas. La formación naranja apunta directamente contra el presidente del ICO catalán, Albert Castellanos, de ERC, al que acusa de actuar al dictado de Oriol Junqueras, que es uno de los 34 investigados. «Junqueras ha puesto [en el ICF] a uno de sus subordinados para que le dé el dinero», denuncian.
Dudas internas
En la votación de la junta del ICF, Castellanos, con su voto de calidad como presidente, deshizo el empate que se había dado sobre si se seguía adelante con el aval.
La división en el ICF ya denota que todos en esta partida tienen claro que se mueven en terreno muy inestable. Las tensiones entre ERC y Junts han vuelto a cuenta de este asunto y las presiones de los más radicales van a más para que no levanten el pie y no dejen de acudir al rescate de los 34 encausados.
Con la querella de Ciudadanos aún reciente, el Tribunal de Cuentas analizará este lunes toda la documentación recabada y tendrá que decidir si acepta el aval impulsado por el Gobierno catalán o lo tumba, como así puede acabar pasando, según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar este tipo de pagos.
Los abogados de los investigados trabajan a contra reloj para formalizar la presentación de los avales.
Tres dimisiones y la división de la junta del Instituto de Finanzas obligaron al voto de calidad del presidente
Un Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dividido aprobó la noche del miércoles avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos de la Generalitat por haber promovido el procés en el extranjero presuntamente con dinero público.
La operación fue aprobada, según avanzaron los diarios La Vanguardia y Ara y confirmado a Efe fuentes de la Generalitat, gracias al voto de calidad del presidente de la junta de gobierno del ICF, Albert Castellanos, que fue secretario general de Vicepresidencia y Economía con el ahora presidente, Pere Aragonès, y que en esta legislatura es secretario de Empresa y Competitividad.
La participación del ICF estaba contemplada en el decreto ley que aprobó el Gobierno autonómico para avalar las fianzas y solo se tenía que activar si la Generalitat no podía encontrar un banco que se hiciese cargo de la operación, como así ha ocurrido.
Después de que el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, constatara públicamente el martes que, efectivamente, no había sido posible encontrar un banco dispuesto a avalar las fianzas, entre los socios del Ejecutivo surgieron tensiones y dudas sobre si se tenía que activar el ICF, algunos de cuyos miembros habían expresado sus reticencias a involucrarse en esta operación. Finalmente, tras acordarlo con Aragonès, el miércoles por la mañana Giró anunció en el Parlamento que sí se activaría el ICF para dar cobertura a los encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 de los cuales se acogieron a este mecanismo. Todo quedó pendiente de que la junta de gobierno del ICF, el equivalente a un consejo de administración, suscribiera el miércoles esa operación, y la votación fue reñida.
El consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, se abstuvo, tres de los miembros de la junta de gobierno -los representantes de la Generalitat- votaron a favor de la operación y otros tres -independientes- lo hicieron en contra. Tres dimitieron antes de la votación y ya no figuran en su web. Lluís Juncà, un cargo de ERC en la Generalitat que también es vocal en la junta de gobierno del ICF, no participó en la votación para que los independientes fuesen mayoría -cuatro frente a tres- respecto a los miembros por designación política. El empate a tres en la votación lo deshizo Castellanos con su voto de calidad como presidente de la junta.