El Gobierno duda ahora de poder sacar adelante la reforma del delito de sedición

«No veo a los partidos conservadores muy dispuestos a esa operación, pero tampoco acabo de ver a los independentistas admitiendo que cometieron un delito», asegura Iceta

Miquel Iceta, primer secretario del PSC
Miquel Iceta, primer secretario del PSC

Madrid / Colpisa

La reforma del Código Penal planificada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a instancias de Pedro Sánchez para rebajar las penas atribuidas al delito de sedición, por el que fueron condenados los principales líderes del desafío independentista catalán en el 2017 enjuiciados por el Tribunal Supremo, corre el riesgo de acabar arrumbada en un cajón. El Gobierno duda ahora de que vaya a tener mayoría suficiente para sacarla adelante.

El aviso lo lanzó el ministro de Política Territorial y líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, en una entrevista publicada en La Vanguardia este lunes. «No veo a los partidos conservadores muy dispuestos a esa operación, pero tampoco acabo de ver a los independentistas admitiendo que cometieron un delito; con lo cual -remarcó- , veo algunas dificultades».

Pendientes de Esquerra

En la Moncloa confirman que ese temor es compartido y no exclusivo del encargado de la relación con las comunidades. El Ejecutivo tiene como máxima no enviar al Congreso ningún proyecto de ley hasta tener garantizada su aprobación, de modo que el compromiso adquirido por Sánchez tardará en llegar, si es que llega. Sobre todo, porque su finalidad era, precisamente, hacer un gesto que las fuerzas secesionistas reciban como señal de distensión. En la Moncloa están en todo caso a la expectativa de lo que pueda ocurrir con la negociación entre ERC y Junts per Catalunya para la investidura de Pere Aragonés porque será fundamental para determinar las coordenadas en las que se moverá Esquerra, defensora, hasta ahora, de abrir una etapa de diálogo con «el Estado».

Iceta aseguró también en la citada entrevista que, por parte del Gobierno, hay disposición para reunir la mesa de diálogo tan pronto como el nuevo Ejecutivo autonómico eche a andar y negó que la tramitación de los eventuales indultos a los presos por el 1-O vaya a supeditarse a ninguna otra cuestión. «No es una pieza en un cronograma político -adujo-, es una obligación que tiene el Gobierno de tramitar una solicitud».

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