El PP continúa su ofensiva para que el Gobierno muestre el dictamen del Consejo de Estado
ESPAÑA
Casado acusa a Sánchez de «querer comprar voluntades» con los fondos procedentes de Bruselas
06 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.En plena tormenta por la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la que vinculó a varios ex altos cargos del partido con la existencia de una supuesta caja B, su actual presidente, Pablo Casado, trata de darle continuidad al ataque en tromba al Gobierno que los populares desplegaron el pasado miércoles durante la sesión de control en el Congreso. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado sobre el decreto que regula el reparto de los 140.000 millones de euros procedentes de Bruselas?
Ni Sánchez ni Iglesias respondieron esta semana a la batería de preguntas iniciada por el propio jefe de la oposición y a la que dieron continuidad la portavoz parlamentaria del grupo popular, Cuca Gamarra, y el secretario general del PP, Teodoro García-Egea. El Gobierno encargó al Consejo de Estado un informe sobre el decreto en el que se estipulan los mecanismos para proceder al reparto del dinero europeo y que el PSOE y Podemos lograron convalidar gracias al respaldo de EH Bildu y a la abstención de Vox, sin embargo, dicho informe no llegó a la Cámara Baja. Génova denuncia que fue «arrancado» del decreto con el objetivo de silenciar lo crítico que este órgano consultivo se había mostrado con la manera de proceder del Gobierno.
El Consejo de Estado es una especie de grupo de sabios al que recurren el Gobierno y otras instituciones para plantear cualquier consulta para que este organismo elabore un dictamen mostrando su opinión sobre dicho asunto. La mayoría de las ocasiones se convierte en un trámite. El espíritu es que sea independiente. Está integrado por juristas y algunos políticos en la reserva, entre los que se encuentran las exvicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno no está obligado a atender a los dictámenes del Consejo de Estado en caso de que sean desfavorables. Con determinadas leyes la consulta a este organismo es obligatoria, es decir, preceptiva, aunque este no era el caso, y trasladó la consulta por voluntad propia. A ojos de la vicepresidenta Carmen Calvo y de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tampoco era obligatoria la adjunción del dictamen al real decreto convalidado.
«Deberían enseñarlo hoy»
«Es falso lo que dice el Gobierno y la presidenta del Congreso: ya solo por eso deberían enseñarlo hoy mismo», acusó ayer Pablo Casado en una entrevista a la Cope. El líder del PP lamentó que el Gobierno siguiese adelante pese a que el dictamen «no es favorable». Mientras en otros países del entorno se constituyen comisiones para repartir el dinero con «premios Nobel y empresarios», en España, Sánchez los quiere para «comprar voluntades y mantenerse en el poder», dijo el jefe de la oposición, quien advirtió que el caso de los falsos Ere en Andalucía comenzó de una manera muy similar: dinero público sin control de ningún tipo sobre el que lo reparte.
Casado acusó a Sánchez de «pasar el rodillo» sobre todas las instituciones que funcionan como «contrapesos» al Ejecutivo, como la Fiscalía o el CGPJ, una estrategia en la que su última víctima sería este sanedrín. Tras el fallecimiento del conservador Landelino Lavilla por covid, lamentó que rompiera «el código no escrito» de nombrar a otro consejero sin hablar con el PP.