Las instituciones de las islas rechazan el plan de Grande-Marlaska y Escrivá ante la llegada de 16.000 migrantes al archipiélago durante este año
22 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Plazas para unos siete mil inmigrantes, repartidos en campamentos militares habilitados deprisa y corriendo, y en inmuebles cuyo uso se ha acordado con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Ese es el plan diseñado por el Gobierno de España para dar respuesta a la crisis de la inmigración que desde hace semanas soporta Canarias. Junto a ello, la negativa frontal a traslados masivos de inmigrantes a la Península, a pesar de que varias comunidades autónomas se han ofrecido a ceder plazas. Frente a todo ello, el Gobierno canario, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, «se revira y se rebela» porque no quiere ser la nueva Lesbos de Europa, según afirmó el pasado viernes el propio jefe del Ejecutivo regional tras reunirse con los ministros José Luis Escrivá y José Luis Ábalos.
Este pulso institucional sin precedentes, que amenaza por laminar las expectativas electorales del PSOE en Canarias e incluso la estabilidad del cuatripartito que sostiene a Torres (cogobierna con Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera), ha vivido esta semana dos hitos. Por un lado, el pasado martes, cuando 227 inmigrantes fueron liberados del campamento en el muelle de Arguineguín y abandonados a su suerte, y el viernes, cuando desde Rabat el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y desde Gran Canaria el propio Escrivá desvelaban que la solución es, en la práctica, confinar a los inmigrantes irregulares que han llegado y a los que lo sigan haciendo hasta que se recuperen las repatriaciones masivas. Esas devoluciones se han frenado por el cierre de fronteras tras la pandemia en los principales países emisores, esto es, Mauritania, Senegal y en los últimos meses Marruecos.
Lo ocurrido el martes puso en evidencia la «descoordinación» entre ministerios, según la expresión utilizada estos días por el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez (Nueva Canarias), y el consejero de Presidencia, el socialista Julio Pérez. Los 227 inmigrantes fueron sacados a primera hora de la tarde del recinto habilitado hace meses en el muelle de Arguineguín y se les dejó junto al espigón sin comida, sin agua y sin cobijo. Se presentó al instante la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que lleva meses pidiendo que se ponga fin al «campamento de la vergüenza» del citado muelle, y que contrató sobre la marcha varios autobuses. Cuarenta y cinco minutos después de subir a ellos, los migrantes se bajaban en la Plaza de la Feria, en la capital grancanaria, ante la Delegación del Gobierno. Allí estuvieron de nuevo abandonados hasta que varios ciudadanos se acercaron a darles comida y agua. «La orden de liberarlos la dio la Delegación o la Subdelegación del Gobierno», sostiene la alcaldesa, que exculpa a los policías encargados de vigilar en Arguineguín un contingente que ha llegado a las 2.300 personas en 400 metros cuadrados, en tiendas de campaña, bajo un sol abrasador y durmiendo sobre mantas encima del hormigón. Por su parte, la Delegación del Gobierno guarda silencio. La versión policial es que fueron liberados tras intentar consultar a la Secretaría de Estado de Migraciones, que no habría contestado. Horas después, ese departamento ministerial se encargó de llevar a los migrantes a hoteles.
Del muelle a un polvorín
Desde el martes, y a la vista del impacto de la crisis en los medios de comunicación de toda España y en Europa, Interior ha ido sacando a migrantes de Arguineguín y los ha recolocado en el campamento cedido por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en la capital grancanaria. Esa instalación se ha preparado para 800 personas, mientras en los hoteles hay ahora unos 6.000. El Gobierno central quiere sacarlos de esas plazas turísticas ante el rechazo de la patronal sectorial y de las instituciones canarias a esa fórmula cuando se intenta ahora reactivar el destino turístico. Y la opción del departamento de Escrivá y del ministro Grande-Marlaska serán más tiendas de campaña militares, inmuebles de la Sareb y, sobre todo, confiar en que las gestiones ante Marruecos, Senegal y Mauritania den resultados, haya mayor control en sus fronteras y admitan repatriaciones masivas.
«Somos solidarios, pero el resto también tiene que serlo»
Arguineguín era conocido hasta hace meses por ser la patria chica de dos maestros del balón: Juan Carlos Valerón y David Silva. Pero desde este verano su nombre ha traspasado las fronteras de la isla de Gran Canaria por el «campamento de la vergüenza» habilitado por Interior en el muelle, lugar donde Salvamento Marítimo lleva a los ocupantes de pateras y cayucos.
«En Arguineguín somos solidarios», comentan dos vecinos del pueblo costero que toman el café de media mañana junto al muelle, «pero el resto también tiene que serlo». Se refieren al conjunto del Estado, porque ya son sabedores de que los gobiernos regionales de Aragón, País Vasco, Valencia y Castilla y León se han mostrado dispuestos a acoger a parte de los inmigrantes. Pero Interior se opone argumentando que un traslado a la Península derivaría en un ‘efecto llamada' y que podría acabar traspasando los Pirineos. En la práctica, si no se contiene la llegada de pateras y cayucos, convertiría a Canarias en una nueva Lesbos, la isla griega donde miles de migrantes fueron confinados.