Corrupción y secesionismo, de la mano desde 1980 en el Gobierno autonómico
20 sep 2020 . Actualizado a las 00:05 h.Desde el mítico «ja sóc aquí» pronunciado por Josep Tarradellas (1899-1988) hace 40 años en el balcón del Palau de la Generalitat, las paredes de la sede de la presidencia del Gobierno catalán han visto seis presidentes: Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont y Joaquim Torra. Excepto los socialistas Maragall y Montilla, el resto han tenido o tienen problemas con la Justicia, por cuestiones de corrupción o por desafíos al Estado. Y los cuatro (Pujol, Mas, Puigdemont y Torra) proceden de la misma familia política, el partido Convergència Democrática de Catalunya, que evolucionó del nacionalismo de 1974 al independentismo actual, pasando por el PDECat y Junts per Catalunya.
JORDI PUJOL
El patriarca. Jordi Pujol fue el fundador de CDC en los años setenta, del nacionalismo catalán y del germen del independentismo actual. Desde 1980 que accedió a la Presidencia, se ocupó de crear una identidad nacional a través de la educación, dominar las fuerzas de seguridad con el repliegue de las del Estado, eliminar contrapoderes como las corporaciones metropolitanas, y acariciar al empresariado que le iba a financiar su proyecto político y personal.
Durante sus dos décadas en el Gobierno, Pujol aglutinó millones de euros, que la UDEF cifra en 290, partiendo del famoso 3 % «de comisiones por actos administrativos». Pero no solo él, su mujer y sus siete hijos están implicados en diferentes corruptelas y disfrutan de abultadas cuentas en paraísos fiscales, como Andorra y Luxemburgo. La UDEF no duda de que la inmensa fortuna de los Pujol procede de mordidas. Jordi junior estuvo en prisión por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental; Oriol, el delfín político que vio interrumpida su carrera, fue a prisión por un delito de corrupción relacionado con la adjudicación de oficinas de ITV.
Aministía fiscal. En julio del 2014, Jordi Pujol reconoció públicamente que tenía unos millones en Andorra que había heredado de su padre Florenci, un exbotones que llegó a banquero. Al parecer, se benefició de la amnistía fiscal. Su hermana dijo desconocer la existencia de esa herencia. Fue denunciado por cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. En el 2018, el juez José de la Mata vio indicios de delito para juzgar a la familia Pujol por pertenencia a una organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude y falsedad documental.
Uso de la prensa. En los años setenta, Pujol compró y hundió los diarios Destino y El Correo Catalán. Este se vio implicado en 1985 en el caso Casinos. Una operación de financiación ilegal de Convergència a través de los tres casinos que había en Cataluña y que estaban en manos de la familia de su amigo de colegio Artur Suqué.
Quiebra de Banca Catalana. En 1959, Jordi Pujol fundó con su padre un banco que financiaba actividades catalanistas, y que acabó en quiebra, Banca Catalana. La Fiscalía lo acusó de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas, pero la Audiencia de Barcelona lo libró de ser procesado y el banco fue absorbido por el BBV.
ARTUR MAS
Desobediencia y finanzas. En el 2001, Jordi Pujol eligió como sucesor a Artur Mas. Y el alumno no defraudó: malvendió patrimonio de la Generalitat, fue el padre de los recortes sociales en Cataluña y acabó con una cuenta bancaria abierta por su padre en Liechtenstein y con una condena penal por desobediencia por convocar la consulta del 9N. Fue condenado a un año y un mes de inhabilitación y 36.500 euros de multa. Como consecuencia de esta sentencia, el Tribunal de Cuentas lo condenó a pagar los más de 5 millones de euros que costó al erario público la consulta.
Inició un giro independentista, según algunos, para esquivar las protestas por la crisis económica y tapar la corrupción. Lideró el PDECat, un partido heredero de la CDC que llegó a tener seis causas abiertas en los tribunales por casos de corrupción por amaño de contratos. Según la Guardia Civil, usó el CNI catalán para tapar la corrupción, la trama de sobornos del 3 % de la que alertó en el 2015 Pasqual Maragall y que resultó ser más elevada.
Reconoció que el desfalco del Palau de la Música Catalana por su presidente Fèlix Millet le animó a alejarse de la política. Las ramificaciones del caso Millet han afectado a CDC, que habría sido receptor del pago de comisiones de Ferrovial a través del Palau a cambio de la concesión de obras públicas, como la Ciudad de la Justicia o líneas de metro de Barcelona. El partido fue condenado en la causa.
CARLES PUIGDEMONT
Corrupción y huida. Si el Gobierno de Artur Mas fue investigado por la privatización del suministro de agua en Barcelona para que recayese en Agbar, financiadora de CDC, un juzgado de Gerona pidió que se investigue a Carles Puigdemont por irregularidades relacionadas con el uso de fondos millonarios de la empresa de aguas de Gerona, Agissa, cuando era alcalde. El asunto recae en el Supremo al ser aforado, por ser europarlamentario, el expresidente huido de la Justicia.
Además del desafío al Estado con la convocatoria del referendo ilegal del 1-O del 2017, el Gobierno de Puigdemont ocultó, según la Guardia Civil, un informe del 2016 que admitía la existencia de graves irregularidades en la licitación de contratos durante la etapa de Mas y ratificaba las sospechas sobre la financiación ilegal de la antigua Convergència mediante comisiones de constructores que luego eran recompensados con encargos millonarios. La Guardia Civil lo halló en la operación Pika, una de las últimas fases de la investigación contra el 3 %.
JOAQUIM TORRA
Heredero del 3 %. El escándalo del caso 3 %, en el que están imputados varios extesoreros de CDC, dirigentes del partido y empresarios que habrían pagado mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, le estalló también en la cara a Torra. El pasado agosto, la Generalitat aseguró que se personará en la causa para poder acceder a la instrucción y al sumario. Una de las maniobras de Puigdemont con la creación del nuevo partido Junts per Catalunya es para romper amarras con la CDC y el PDECat. Torra fue condenado por el TSJC por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar una pancarta del Palau en período electoral y está pendiente de si el Supremo ratifica esa condena que lo inhabilitaría. Además, tiene otra causa en el TSJC el día 23, en la que también está investigado por desobediencia, por mantener en el Palau una pancarta con un lazo amarillo a favor los políticos presos.