Podemos insta al PSOE a permitir que los presos del 1-O se confinen en casa

El Supremo amenazó con una denuncia por prevaricación si se autorizaba la salida

El diputado de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens
El diputado de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens

REDACCIÓN / LA VOZ

Ni siquiera la negativa del Tribunal Supremo frena el interés de un amplio sector de Unidas Podemos de acelerar la salida en libertad de los líderes independentistas presos por el referendo ilegal del 1-O, condenados a penas de entre nueve y trece años de cárcel por los delitos de malversación agravada y sedición.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú-Galicia En Común, Jaume Asens, admitió que su organización está trabajando para que el Gobierno permita vía decreto ley que todos los presos en tercer o segundo grado que tienen permiso para salir de la cárcel permanezcan confinados en sus domicilios y no tengan que volver a prisión mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus, para preservar la salud del resto de internos y evitar los contagios.

El dirigente de Unidas Podemos y líder de En Comú reconoció que su plan «puede tener un efecto colateral» con los presos catalanes independentistas que cumplen condena por el 1-O con el régimen de flexibilidad del artículo 100.2, si la Generalitat, con competencia en prisiones, aplica también esta medida. «Es un debate que hemos trasladado al seno del Gobierno, que tiene diferentes aristas, dificultades y planteamientos, pero que está sobre la mesa», aseguró.

Según Asens, esta medida afectaría los presos que cumplan los requisitos, «independientemente de quiénes sean los condenados». «Efectivamente afectarían a todas las personas que están en situación de semilibertad, también a Iñaki Urdangarin o a los políticos condenados por corrupción como el caso del hijo de Jordi Pujol u otros políticos del PP que están en situación de semilibertad», ha ahondado. 

Ir más allá

Con esta propuesta, el grupo confederal plantea ir más allá de la orden que dictó en marzo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para que las juntas de tratamiento de las prisiones o de los centros de inserción social (CIS) estudien «individualmente» esta posibilidad de que los presos en tercer grado o con 100.2 no vuelvan a los centros penitenciarios.

El propio Tribunal Supremo remitió un oficio a la Generalitat y a las cárceles catalanas al inicio de la crisis del coronavirus en la que negaba la posible concesión de ese tercer grado encubierto a los presos independentistas y advertía de denuncias de prevaricación si se insistía en su puesta en libertad, algo que finalmente no ocurrió pese a las críticas del Ejecutivo catalán. 

Otro choque con la Justicia

La iniciativa desvelada por Asens supone un nuevo choque con la Justicia. La formación morada ha convertido al poder judicial en una de las dianas favoritas de su constante ataque «al régimen del 78». Si al inicio de la legislatura Pablo Iglesias llamó la atención a los magistrados españoles por las resoluciones que diferentes tribunales europeos emitían en favor de los derechos de los independentistas -que han ido cambiando en las últimas semanas-, la polémica ha ido arreciando en la última semana.

El detonante ha sido la sentencia contra la dirigente de Podemos Isa Serra, condenada por insultar y agredir a dos policías municipales en Madrid en el 2014. Los principales dirigentes de Unidas Podemos salieron en tromba contra la resolución y casi todas las asociaciones profesionales criticaron el intento de injerencia de los morados.

Ahora, Iglesias intenta reducir la resistencia de Pedro Sánchez contra el independentismo más radical. Primero anuló su promesa de modificar la ley para penalizar los referendos ilegales y ahora pretende que le ayude a liberar de forma encubierta a los presos condenados por la organización y financiación del 1-O.

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