El Estado de las autonomías necesita algunas reformas para mejorar su funcionamiento, pero estas nunca satisfarían a los independentistas, que aspiran a que se reconozca el derecho de autodeterminación, que no cabe dentro de la Constitución. Los expertos consultados por La Voz exponen qué cambios habría que hacer para perfeccionarlo, pero el escenario político descarta que se puedan acometer.

Precedentes

Previsión constitucional. «Cuando se aprobó la Constitución no existían las comunidades autónomas, ni tan siquiera todo el territorio de España estaba constituido en preautonomías, no se sabia cuáles podrían ser ni qué competencias iban a poder tener», explica Teresa Freixes. «Por ello la Constitución estableció lo que se denomina el principio dispositivo, es decir, que se regularon los procedimientos para formar las comunidades autónomas, pensando que lo que había que hacer era constituirlas y que, más adelante, ya se reformarían los estatutos de autonomía o la propia Constitución para cerrar el modelo», continúa. «Pero ello no ha sido así, se crearon las que adquirieron las competencias por la ‘vía rápida’, País Vasco, Cataluña, Galicia, que habían plebiscitado en el pasado un Estatuto de Autonomía, y Andalucía, tras un complicado proceso y la reforma de la Ley Orgánica de las distintas modalidades de referendo; el resto tuvieron que esperar la previsión de cinco años para llegar a un techo competencial similar y reformar sus estatutos para ello», concluye.

PROBLEMAS TERRITORIALES

Funcionamiento. «Esta es sin duda la madre del cordero de la reforma: la necesidad de acometerla en el ámbito de la organización territorial del Estado; ocurre, sin embargo, a este respecto, que en España no tenemos, a mi juicio, como suele afirmarse, un problema territorial, sino dos», asegura Roberto L. Blanco Valdés. «El primero es el problema relativo al funcionamiento del Estado autonómico, ámbito que sí exigiría algunas reformas constitucionales y problema que sin duda mejoraría con ellas», señala.

Cataluña

Los separatistas no se conformarán. «El segundo problema es el derivado del desafío nacionalista y respecto de él nadie sería capaz a día de hoy de aclarar cuáles reformas constitucionales podrían servir para que los separatistas renunciasen a sus exigencias de secesión», sostiene Blanco. «Lo más que se afirma es esa vaguedad de los socialistas de que habría que reformar la Constitución en un sentido federal, lo que supone desconocer el hecho obvio, que todos los especialistas aceptamos, de que España es ya desde hace tiempo un Estado federal», añade. «Por eso, mientras que en relación con el primer problema creo que la reforma constitucional podría ser de utilidad, no soy capaz de ver cómo un cambio en nuestra ley fundamental podría contribuir a resolver el desafío de los separatistas», opina. «Salvo, claro, que la reforma se dirigiese a reconocer ese supuesto derecho a la secesión, que no está previsto en ninguna Constitución democrática del mundo y que varias de las más importantes del planeta prohíben de forma expresa», concluye.

Arbós coincide: «No creo que una reforma de la Constitución satisfaga a los independentistas». «Si lo que pretenden es ejercer el derecho a la autodeterminación, debería cambiar el artículo 2 que establece la indivisibilidad de España, y veo esta reforma imposible en la actualidad, dado que no existe ni un atisbo del consenso que sería necesario, dejando de lado cuestiones de oportunidad política», afirma.

¿Qué reformas?

Fijación de competencias, mejor distribución, lealtad. En cuanto a mejorar funcionamiento del Estado de las autonomías, Blanco propone varias: «la clara fijación de las competencias del Estado, que no serán ni compartibles ni transferibles; la mejor distribución de algunas competencias, como las relativas a la educación, respecto de las cuales el Estado debería ganar facultades; el establecimiento en el texto constitucional de instrumentos de cooperación territorial entre el Estado y las comunidades, que deberían ser enumeradas en la ley fundamental; o el establecimiento, como lo hacía la Constitución de la II República (art. 50), de que el castellano deberá ser en todo el territorio nacional también, aunque no únicamente, lengua vehicular de la enseñanza».

Freixes cita las siguientes: «Introducir algunos principios básicos de los Estados compuestos (federales, regionales, etc.) con técnicas que les doten de eficacia coercitiva; se trataría de los principios de lealtad constitucional o lealtad federal, así como el de cooperación multilateral o bilateral (que solo tienen regulación legislativa y muy mala práctica), federalizando el Senado; y una mejor cláusula de igualdad de derechos en todas las zonas del territorio de España, para evitar que lógicas diferencias que puedan existir se conviertan en privilegios».

Procedimiento

«Libro blanco». «Para indicar qué reformas harían falta, sería conveniente hacer un balance del funcionamiento del Estado de las autonomías también por parte de las comunidades», asegura Arbós. «Sugiero que se haga un ‘libro blanco’ en el que, partiendo de su experiencia, indiquen qué debería cambiar», añade.

el artículo 155

Fijar sus límites. «El texto del articulo 155 debería reflejar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional acerca de las medidas adoptadas en el 2017: que no puede ser indefinido y que habilita al Gobierno central para que destituya a un gobierno autonómico y sustituya a su presidente en la convocatoria de elecciones anticipadas», afirma Arbós. «Así quedaría claro que puede ir más allá de ‘dar instrucciones’, que es lo que dice ahora la Constitución», añade.

La reforma constitucional que nunca llega

enrique clemente
Alfredo Péreaz Rubalcaba, José Luis Rodriguez Zapatero y Elena Salgado conversan, el 30 de agosto del 2011, antes del debate del pleno del Congreso en el que se aprobó la reforma del articulo 135 de la Constitución para garantizar el pago de la deuda
Alfredo Péreaz Rubalcaba, José Luis Rodriguez Zapatero y Elena Salgado conversan, el 30 de agosto del 2011, antes del debate del pleno del Congreso en el que se aprobó la reforma del articulo 135 de la Constitución para garantizar el pago de la deuda

El actual escenario político aleja cada vez más los posibles cambios en la Carta Magna

Cada año por estas fechas se habla de reformar la Constitución, pero en sus 41 años de vigencia solo se ha hecho dos veces; en 1992, para añadir, en el artículo 13.2, la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales; y en el 2011, para consagrar la estabilidad presupuestaria en el 135. En el nuevo escenario político que se va configurando, modificarla es un objetivo cada vez más inalcanzable. 

¿Hay que modificar la Constitución?

«Frente a lo que se ha asentado en la opinión pública como una verdad casi incontrovertible, las constituciones no se reforman para ponerlas al día, hay docenas en el mundo que contienen previsiones obsoletas sin que a nadie se le pase por la cabeza que haya que reformarlas», explica Roberto L. Blanco Valdés. «Las constituciones se reforman cuando un problema no puede resolverse sin que tal reforma se lleve a cabo». Y el único problema «que exigiría una urgente reforma constitucional es el relativo a la cuestión territorial». Pero añade otra premisa que no se da: «Que exista un consenso lo suficientemente extenso como para que la operación de reforma no deje fuera a ninguna fuerza política fundamental».

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La reforma territorial tiene límites