Creo que tiene razón el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès: es un poco extraña la forma en que estamos conociendo los proyectos y vínculos políticos de los detenidos acusados de terrorismo. Se trata de un sumario secreto y, sin embargo, casi todos los días se publica alguna información de su contenido, siempre procedente de «fuentes de la investigación». Se está produciendo un goteo de revelaciones que parecen programadas para crear un clima de opinión determinado, y por eso cada vez que las vemos publicadas nos hacen dudar de su autenticidad. La ausencia de concreción de cuáles son esas fuentes -que pueden ser la Audiencia Nacional, la policía o algún departamento ministerial- no ayuda al rigor del análisis. De esa forma, al independentismo le resulta fácil negarlo todo, lo hace con evidente descaro y sospecho que con eficacia ante su parroquia, que es la única que le importa.

De todos modos, está acreditado que los siete detenidos se dedicaban a la fabricación de explosivos con una finalidad: utilizarlos hoy mismo, segundo aniversario del ilegal referendo del 1 de octubre del 2017, y seguirlos utilizando después de la sentencia. La existencia de un nuevo grupo llamado equipos de respuesta táctica indica que estamos ante una organización ya estructurada y que sería la facción más radical (por no llamarle brazo armado) de los comités de defensa de la república. Y hay por lo menos un detenido que confesó haber tenido contactos con el presidente de la Generalitat, nada extraño si se recuerda que el señor Torra dijo el 15 de mayo del 2018 que tenía «a toda su familia apuntada a los CDR».

Esa simpatía, contactos y vínculos familiares son razones bastantes para que Torra defienda a los detenidos y niegue que sus actos y proyectos sean violentos: nadie acusa a personas próximas y menos todavía a quienes él autorizó a acciones como la toma del Parlamento catalán durante una semana para proclamar la independencia después. Lo terrible es que todo esto resulta creíble, incluso coherente, porque Torra está siendo el gran agitador disfrazado de pacifista y porque, como abanderado del independentismo en representación de Puigdemont, necesita un golpe que produzca dos efectos: aglutinar a los separatistas hoy divididos y desorientados y provocar una reacción del Estado que le permita seguir hablando de represión.

La gravedad del momento y de las intenciones no se le ocultan a nadie. Si unas acciones presuntamente terroristas fuesen pensadas, amparadas o alentadas por alguien del Gobierno central -recordemos el escándalo del GAL-, estaríamos hablando de terrorismo de Estado. Lo último de Cataluña es bastante parecido. Sin muertos ni pistolas, pero bastante parecido.

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La sombra del terrorismo de Estado