Ocho consejerías de Madrid usaron una cláusula «falaz» para desviar dinero público al PP

Así consta en el auto que imputa a los expresidentes Aguirre, Cifuentes y González por malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación. Utilizaban fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta caja B


Redacción

Un total de ocho consejerías de la Comunidad de Madrid en la etapa investigada por el caso Púnica por presunta financiación ilegal del PP de Madrid se apoyaron en una cláusula «falaz» con el conocimiento de sus máximos responsables para desviar presuntamente más de cinco millones entre el 2006 y el 2008.

Así consta en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputa a los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y Ignacio González por presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación.

Según el juez, los dirigentes de la formación y del Ejecutivo madrileño habrían estado desde el 2003 y hasta al menos 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta caja B.

Entre las herramientas para el desvío, el juez detalla el modus operandi de la citada cláusula y especifica que se aplicó en las entonces consejerías de Presidencia; Sanidad; Transportes; La Mujer; Economía; Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Hacienda; Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Además, apunta que también desvió indiciariamente un importante flujo de fondos desde entidades públicas como el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión Desarrollo del Medio Ambiente(GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia, y desde otras administraciones locales.

Dsevío de dinero público

En cuanto al desvío de fondos públicos, el juez señala que el consejero de Presidencia de aquella época Francisco Granados aprovechó la próxima inauguración de la Casa de Madrid en Argentina para desviar «desde su Consejería dinero público, por una cantidad total de 230.648,24 euros», informa Europa Press. Lo hizo «al amparo de la adjudicación a las empresas del investigado Horacio Mercado de contratos menores, para la organización de los eventos, y bajo la cobertura de la firma de un convenio de patrocinio entre la Casa de Madrid en Argentina y la Fundación Arpegio».

Granados también desvió «ilícitamente» fondos de la Agencia Madrileña para la Emigración a través de la facturación «falaz de las sociedades OVER, TRACI, ABANICO y LINK durante los años 2008 y 2009 ascendió a la cantidad de 124.219,86 euros».

En lo que respecta a la Consejería de Empleo y Mujer, fue en este caso su consejero José Guemes quien, «siguiendo los dictados del plan preconcebido adjudicó en el año 2005 un contrato, bajo el concepto de: 'Promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional de la Consejería de Empleo y Mujer durante los años 2005 y 2006', a la mercantil Over, que desviaría fondos de su Consejería por un importe de 199.991,40 euros + IVA».

Plan de infraestructuras sanitarias

Igualmente, la Consejería de Sanidad aprovechó para el desvío la puesta en marcha del denominado 'Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007', que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud y en la que se 'confirió la cobertura oportuna para introducir, en los pliegos de las licitaciones de los contratos la cláusula ideada indiciariamente por elconsejero de Sanidad, Manuel Lamela.

En este apartado, el juez señala que el importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.883.286,70 euros. Mientras que los pagos a las constructoras alcanzó los 1.190.481,83.

Al igual que ocurriese en la Consejería de Sanidad, también desde esta Consejería se aprovecharía la existencia del Plan de construcción de nuevas carreteras para introducir la cláusula del 1% en los pliegos de licitación de las obras.

Dentro de este plan, la antigua Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se valió para hacer el desvío de la Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), dando lugar a un quebranto a los fondos públicos de 923.736,3 euros.

García Egea afirma que no existe «preocupación» en el PP por el caso Púnica

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho este martes que «todos deberíamos respetar las decisiones judiciales», en referencia a las que se dieron a conocer ayer sobre el caso Púnica, y ha incidido en que en su partido no existe «ningún tipo de preocupación» al respecto.

Preguntado en rueda de prensa y en reiteradas ocasiones por la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ambas del PP, y su relación con el partido, Egea ha preferido mantenerse al margen y recalcar que su objetivo es desbancar al Ejecutivo actual, informa Efe.

Ha dejado claro que el PP lleva un año bajo la dirección de Pablo Casado y que en ese período su trabajo es «ejercer la actividad parlamentaria» que se les ha encomendado, mientras que «el resto de cuestiones no tienen cabida en este momento».

A su juicio, esta decisión judicial sobre los casos de corrupción que afectan al PP no supondrá un problema con algunos de sus socios de Gobierno como Ciudadanos: «Ningún tipo de preocupación, estamos centrados en impulsar el PP hacia el futuro», ha dicho.

«Todos deberíamos creer en el sistema y todos deberíamos respetar la decisiones judiciales nos guste o no nos guste; en este caso, al igual que el resto de casos en los que justicia ha hablado, deberíamos opinar una vez que hable», ha subrayado.

La respuesta política e inmediata que ha seguido a la noticia se debe, según Egea, a que hay «partidos interesados en que se hable más de unos casos o de otros», y ha aludido al caso de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de Andalucía para criticar al PSOE.

También ha negado que el Comité de Derechos y Garantías del PP vaya a tomar cartas en el asunto: «Se hará buenamente lo que esté estipulado hacer», ha concluido. EFE

Los expresidentes Aguirre, Cifuentes y González, imputados por corrupción

mateo balín
Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González, imputados en el caso Púnica
Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González, imputados en el caso Púnica

El juez cree que la primera ideó y supervisó la financiación ilegal del PP Madrid

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigadas (antes imputadas) a las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre los días 1 y 18 de octubre en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El juez también ha citado al expresidente Ignacio González, detenido por el caso Lezo, y a los exconsejeros Juan José Güemes, Manuel Lamela y Borja Sarasola. Asimismo, entre los llamados a declarar por la posible financiación irregular de las campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos, también está el expresidente de Indra Javier Monzón.

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