¿Con qué asignatura nos van a querer adoctrinar?

Frente a la idea de pacto educativo, hay partidos que aspiran a imponer materias con carga ideológica


la voz / redacción

 Enternece ver cómo los partidos pretenden dar tanta importancia a sus políticas educativas cuando, en realidad, se trata de una competencia transferida que gestionan las comunidades autónomas. Pero no está de más recordar que el Gobierno central mantiene intacta su capacidad legislativa al respecto y que las leyes orgánicas de Educación marcan un camino por el que las autonomías están obligadas a transitar, aunque a veces se desvíen por los cerros de Úbeda o por los laberintos identitarios.

No parece fácil un pacto educativo cuando hay partidos que, en algunos aspectos, conciben la educación como un ámbito de adoctrinamiento más que de aprendizaje. Y no queda claro qué encaje de bolillos se perpetrará con el currículo escolar con propuestas como la de Ciudadanos -que aún no ha presentado su programa- de crear una asignatura de Constitución Española, presente de forma transversal en otras materias. O la que plantea Unidas Podemos con una asignatura de Feminismos, después de asegurar que los contenidos de igualdad impregnarán todo el itinerario formativo. El PP habla de Filosofía, enmendándose a sí mismo y apostando por que recupere su carácter obligatorio en el bachillerato en toda su amplitud. Y por supuesto de Religión, para impartirla «en las mismas condiciones que el resto de asignaturas», lo que traducido implica que la quieren evaluable.

Nicolás Fernández Guisado, secretario general de ANPE (sindicato de profesores), vio algunas de estas ocurrencias sobre nuevas asignaturas como las «típicas improvisaciones» de campaña. No se las toma en serio. «Con propuestas aisladas no vamos a ningún sitio», alega.

Hubo un ministro, Ángel Gabilondo, que estuvo a punto de lograr un gran pacto con el objeto de aislar la educación de la cada vez más caprichosa coyuntura política, pero la refriega política lo desarboló. Luego vino la Ley Wert, acompañada de la apisonadora de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. El PSOE quiere recuperar esa idea de acuerdo de Estado, con el objetivo de corregir las carencias del sistema y para que la inversión en educación llegue al 5 % del PIB en el 2025 (En Marea pretende el 7 %). Aunque en sus últimos meses en el Gobierno intentó desarrollar una nueva reforma educativa de forma unilateral. Quizás la propuesta de Unidas Podemos de hacer totalmente gratuita la Universidad pública -eliminando el pago de matrículas- obligaría a elevar sensiblemente ese porcentaje. Los socialistas hablan de ir «progresivamente» hacia la gratuidad «de las primeras matrículas».

El PP no esconde que pretende apoyar tanto la red escolar pública como la concertada, pero también la privada, dentro de ese mantra inmutable suyo de respeto a la «libre elección de las familias» y al «carácter propio de cada centro». De hecho, apuestan por que las aportaciones de estas familias a la concertada desgraven fiscalmente. Pero en ningún momento, al menos en su programa electoral, hablan de alcanzar un pacto de Estado de educación.

El PSOE apuesta por un modelo que garantice «las oportunidades de formación a lo largo de la vida» y por valorar la experiencia con acreditaciones académicas, sin explicar detalles sobre cómo lo harán. Ciudadanos no quiere 17 sistemas de evaluación diferentes y defiende un modelo de selectividad único para todo el país, así como un sistema de financiación que premie a las universidades con más alumnos colocados en el sistema laboral, sin explicar tampoco cómo gestionar esta criba tan compleja en el mundo real.

¿Recentralización?

Los prejuicios partidistas se imponen a menudo a la idea de una escuela pública que forme a ciudadanos críticos, libres e iguales, surgida de un mínimo común denominador parlamentario. Vox cree que todo se solucionará devolviendo las competencias de educación al Estado y garantizando el derecho a ser instruido en castellano en todo el país. En el otro lado está el BNG, que aspira a despojar al Estado de las pocas competencias en educación que aún mantiene para evitar «a españolización do ensino galego».

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