Los bufetes de abogados se convierten en un retiro dorado para ex altos cargos

El caso de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha incorporado al despacho de abogados Cuatrecasas solo nueve meses después de abandonar su cargo en el Ejecutivo de Rajoy, ha reabierto el debate sobre las incompatibilidades de los altos cargos. Aunque su decisión es especialmente polémica por la importancia del cargo que desempeñaba y por el hecho de que seguirá siendo miembro del Consejo de Estado, lo que le obligará a abstenerse en cualquier dictamen que afecte al bufete del que es socia, el suyo no es ni mucho menos el primer caso de un político o exmiembro del Gobierno que pasa directamente del Consejo de Ministros o el escaño a trabajar como socio o asesor en despachos de abogados en poco tiempo desde que dejan el cargo. Y, en este caso, la práctica no distingue entre siglas políticas.

El exministro de Justicia socialista Francisco Caamaño, que ocupó esa cartera entre el 24 de febrero del 2009 y el 22 de diciembre del 2011, fichó en el 2016 como socio de la empresa CCS Abogados para liderar el departamento de derecho público. Tras dejar el Gobierno, Caamaño siguió en la política activa hasta el 2015. En las elecciones del 2011 fue elegido diputado en el Congreso. Y en el 2012 se presentó a las elecciones al Parlamento de Galicia encabezando la candidatura del PSOE por A Coruña. Fue secretario general de los socialistas coruñeses hasta diciembre del 2015, cuando dejó el escaño para compaginar su trabajo como catedrático en la Universidade de A Coruña con su labor como socio del bufete CCS, en donde trabaja en el cumplimiento normativo de medianas y grandes empresas.

En el propio PP, y aún más rápido que en el caso de Sáenz de Santamaría, el también exministro de Justicia Rafael Catalá fichó por el despacho Herbert Smith Freehills solo cinco meses después de dejar el Gobierno. Catalá ejerce como asesor del prestigioso bufete internacional especializado en «fusiones, adquisiciones y en el asesoramiento de operaciones internacionales», aunque, a diferencia de Sáenz de Santamaría y Caamaño, no es socio del despacho. Herbert Smith Freehills también tiene en nómina a otro exministro y exportavoz del Gobierno del PP, Josep Piqué. Catalá es además patrono de la Fundación del Atlético de Madrid, club presidido por el empresario Enrique Cerezo, quien, según una grabación policial, llamó en su día a Catalá, cuando este era ministro, para interesarse por la situación del expresidente madrileño Ignacio González, implicado en el caso Ático. En noviembre del 2016, nada más asumir Justicia, Catalá envió un SMS a González diciendo: «Ojalá se cierren pronto los líos».

En el campo nacionalista, el expresidente del comité de gobierno de Unió Democràtica de Catalunya (UDC)  Jose Antoni Duran i Lleida fichó por el despacho de abogados de Barcelona Bufet Colls, que fue fundado en el año 1956 por su suegro, Josep Colls Alsiu, y en el que su mujer, Marta Colls, figura como socia. Duran trabaja como especialista en asuntos internacionales, dándose la circunstancia de que presidió la Comisión de Exteriores del Congreso entre el 2008 y el 2015. En diciembre del 2015, Duran fue candidato al Congreso por Unió, pero no obtuvo escaño. Y solo tres meses después, ya trabajaba en el bufete privado.

La ley actual, aprobada en el 2015, establece que los altos cargos «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado».