La obligatoria elección del presidente del Congreso antes de los comicios de mayo obligará a retratarse a todos los partidos
18 feb 2019 . Actualizado a las 10:31 h.Dos días después de tener que abandonar su plan de agotar la legislatura por la inesperada derrota en la votación de los Presupuestos, la fontanería de la Moncloa ha puesto a circular la idea de que todo estaba perfectamente planeado y de que el estratega jefe de la casa, Iván Redondo, tenía planificada desde hace tiempo la fecha del 28 de abril como la más conveniente para convocar las elecciones generales. Un relato muy poco creíble si se tiene en cuenta que apenas dos meses antes Sánchez se atrevía a desafiar en público a quienes le exigían que llamara a las urnas advirtiéndoles de que tendrían que «esperar sentados» porque agotaría el mandato hasta el 2020, ocurriera lo que ocurriera. Lejos de ser por tanto una estrategia planificada, la fecha de las elecciones es fruto de un profundo desengaño de Sánchez y del propio Redondo respecto a la posibilidad de aprobar los Presupuestos con el soporte de un independentismo temeroso de que el Ejecutivo dialogante con la Generalitat fuera sustituido por otro formado por el PP, Ciudadanos y Vox, cuya primera medida sería reinstaurar el artículo 155 en Cataluña, dejando a Joaquim Torra y a su ventrílocuo, Carles Puigdemont, sin margen de maniobra.
Pero la fecha es fruto también, y principalmente, de un consenso entre Sánchez y los dirigentes territoriales del PSOE, que trataban de evitar a toda costa el superdomingo del 26 de mayo para que el debate nacional, y muy especialmente el de Cataluña, contaminara sus respectivas campañas autonómicas y municipales. La solución adoptada, sin embargo, está lejos de haber solucionado ese problema. Será imposible que unos comicios de alcance nacional como los municipales no estén condicionados por lo que ocurra un mes antes. Aunque la idea generalizada es que no habrá pacto de Gobierno en España hasta que no se celebren las autonómicas y locales de mayo, porque los partidos tratarán de taparse para no quedar señalados, un hecho inevitable hará que todos tengan que retratarse antes.
La constitución del Parlamento, incluida su presidencia y su Mesa, deberá producirse veinticinco días después de las elecciones generales. Es decir, antes del 23 de mayo. La presidencia del Congreso será clave en un nueva cámara que se prevé muy fragmentada. Si el PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría para controlar la Mesa, no renunciarán a esa posibilidad. Pero, para ello, tendrían que pactar previamente, lo que se interpretaría como un anticipo de un pacto para formar Gobierno en España. Por el contrario, si son el PSOE, Podemos y los independentistas los que sumen mayoría para controlar el órgano rector del Congreso, pactarán inevitablemente. Y entonces, el PSOE quedaría marcado de cara a las autonómicas y municipales de mayo al pactar con los independentistas, que es lo que trataban de evitar a toda costa los barones.
Los más perjudicados con este complejo calendario son el PSOE, que trata de dejar abierta la posibilidad de un acuerdo con Ciudadanos, y el partido de Rivera, que tendrá que retratarse antes de las elecciones de mayo o con la extrema derecha de Vox o pactando de nuevo con el PSOE.
Puigdemont apuesta por un Gobierno que aplique el 155
La decisión del expresidente catalán Carles Puigdemont de boicotear los Presupuestos de Pedro Sánchez, y de precipitar su caída, obligó a ERC a emular su estrategia, so pena de aparecer como un partido traidor a la causa independentista. Una decisión que, en el fondo, no deseaban ni los dirigentes de ERC ni el propio presidente catalán, Joaquim Torra, que acariciaba la idea de empezar a volar por su cuenta sin el candado del expresidente prófugo. Lo sucedido deja claro que la estrategia de Puigdemont obedece solo a sus intereses personales y que para mantener su falso relato victimista le conviene más un Gobierno de la derecha que aplique el 15 en Cataluña que un Ejecutivo dispuesto a dialogar.
El Supremo se convertirá en el escenario de la campaña
La convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril no solo aboca a una contaminación de los dos procesos electorales que se celebrarán en menos de un mes. La fecha elegida echa al traste también la pretensión del Tribunal Supremo de evitar que el juicio del procés interfiera en el debate político. El tribunal que juzga a los presuntos autores de una rebelión tenía decidido culminar el juicio antes de mayo, pero retrasar la sentencia hasta después de los comicios locales y autonómicos. Ahora, sin embargo, el juicio en el Supremo se va a convertir en un plató desde el que los independentistas que están en prisión van a poder hacer su campaña electoral con horas de audiencia garantizadas. Y gratis.
Unos comicios con la tumba de Franco como protagonista
Desde el inicio de la democracia surgida de la Constitución de 1978, no ha habido elecciones generales en España en las que el debate sobre el franquismo no haya salido a relucir en algún momento de las sucesivas campañas. Hasta ahora, se había tratado de un debate teórico sobre la persistencia o no de una nostalgia del régimen dictatorial en buena parte de los votantes de la derecha representada primero por AP y luego por el PP. Ahora, sin embargo, se trata de algo más tangible. Franco, o más bien su cadáver, se van a convertir en protagonistas de la campaña electoral, tanto si el Gobierno logra sacar sus restos del Valle de os Caídos antes del 28 de abril, algo que parece improbable, como si no.