El Gobierno emprende una reforma de los aforamientos que depende del PP

Francisco Balado Fontenla
fran balado MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

CARLOS MÁRQUEZ

Casado y Rivera la ven como «un globo sonda» y «una estafa a los españoles»

02 dic 2018 . Actualizado a las 12:15 h.

El Gobierno presentó ayer su anteproyecto de ley de reforma de la Constitución para limitar los aforamientos. Se trata de una acotación, y no de una supresión, como anunció en un primer momento el presidente, y que tan solo afecta a los miembros del Ejecutivo, diputados nacionales y senadores, que solo mantendrían el fuero para actos relacionados con su actividad parlamentaria, no la privada. «Queremos que los aforamientos se circunscriban estrictamente a las funciones del cargo que ejercemos», explicó ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Es decir, que en caso de prosperar este proyecto, un diputado podría ser procesado por un juez ordinario en caso de, por ejemplo, un positivo en un control de alcoholemia o por irregularidades en un máster universitario. En cambio, en un caso de corrupción relacionado con su actividad pública, por poner otro ejemplo, solo podría ser procesado por el Tribunal Supremo, previo suplicatorio si fuera parlamentario. Además, quedarían fuera de esta reforma legislativa los miembros de la judicatura, fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y parlamentarios autonómicos. «Cuantitativamente es pequeña, pero desde el punto de vista político es muy importante», admitió la vicepresidenta sobre la reforma.

Para que se haga efectiva todavía resta un largo e intrincado camino por delante; tanto, que hasta el propio Ejecutivo reconoce que será muy complicado que finalmente acabe viendo la luz. «Ojalá sea así», suspiró Carmen Calvo. No lo tendrán sencillo.

En primer lugar, habrá que aguardar hasta un máximo de un mes a que el Consejo General del Poder Judicial emita su informe, que, en principio, una vez logrado el visto bueno del Consejo de Estado, no debería presentar problema alguno. Las dificultades empiezan a llegar con su entrada en el Parlamento. Al tratarse de una reforma constitucional, en concreto, de sus artículos 73 y 102, el Gobierno requiere para su aprobación de una mayoría reforzada en las dos Cámaras. Es decir, el voto favorable de las tres quintas partes del Congreso y el voto favorable de las tres quintas partes del Senado. Y dado que tanto el PP como Ciudadanos ya han demostrado su desacuerdo, en principio parece condenada al fracaso.

Por si fuera poco, en el remoto caso de que consiguiera sortear el muro del Congreso y la muralla del Senado, inmediatamente después Podemos exigiría que la reforma fuera sometida a referendo, algo para lo que está capacitado al contar con al menos la décima parte de los diputados en la Cámara Baja, tal y como recoge la propia Constitución.

Ronda de contactos

Aunque las perspectivas de éxito no sean nada halagüeñas, Pedro Sánchez abrirá en breve una ronda de contactos con los representantes de todos los grupos parlamentarios con la intención de recabar el mayor número de apoyos posible. Y si ya tiene difícil armar una mayoría simple con los Presupuestos, aquí la empresa parece todavía más complicada, porque necesita al PP.

Pablo Casado le dio ayer el primer portazo al Gobierno incluso antes de que este llamara a su puerta. «La regeneración la tiene que empezar Sánchez aplicándose sus propios baremos», comentó en relación a los ministros implicados en polémicas. Casado, que calificó el proyecto socialista como «un globo sonda» o «una cortina de humo», advirtió del peligro de abrir la Constitución en estos momentos al considerar que Podemos pretenderá incluir la cuestión monárquica o incluso la independencia para Cataluña. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se refirió al intento de reforma como «una estafa a la ilusión de todos los españoles».