El Consejo del Poder Judicial reclama a Interior que proteja a los jueces de Cataluña

Marlaska pide que no se haga alarmismo con casos como el ataque contra la casa de Llarena, que considera un suceso puntual

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, acompañada de los diputados del partido Carlos Carrizosa y Sonia Sierra (i), presentaron una denuncia por delitos de odio contra Arran en la Ciudad de la Justicia de Barcelona
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, acompañada de los diputados del partido Carlos Carrizosa y Sonia Sierra (i), presentaron una denuncia por delitos de odio contra Arran en la Ciudad de la Justicia de Barcelona
C. R.
Madrid / colpisa

El Consejo General del Poder Judicial dio ayer un paso más y solicitó al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña y para el magistrado Pablo Llarena, cuyo domicilio fue atacado el miércoles en San Cugat del Vallés (Barcelona). La comisión permanente del órgano del gobierno de los jueces instó también a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al departamento de Interior de la Generalitat a que adopten «de inmediato» todas las medidas necesarias para «la persecución de las personas y grupos» que participaron en el ataque, cuya autoría fue reivindicada por Arran, un colectivo juvenil separatista. El Consejo señaló en un comunicado que reprueba «toda conducta de intimidación» que pretenda dirigirse contra todos los jueces de Cataluña y manifiesta su «aliento y compromiso» con ellos y su «reconocimiento más firme y sincero por la labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la comunidad».

En un desayuno informativo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recogió el guante sobre el ataque a la casa de Llarena y señaló que si bien debe «preocupar» la crispación social en Cataluña, no hay que «generar alarmismo» con «sucesos puntuales», en referencia al ataque con pintura amarilla en el portal de la casa del juez instructor de la causa por el desafío secesionista en el Tribunal Supremo. «Nos debe preocupar a todos la crispación, pero no tenemos que generar alarmismo; son dos sucesos puntuales, no les quito la gravedad pero no hagamos alarmismo de los mismos», dijo. El ministro recordó que la Policía Nacional ya detuvo hace unas semanas a la persona acusada de haber agredido a otra cuando retiraba lazos amarillos, igual que han actuado contra los supuestos responsables de los incidentes del 29 de septiembre en una manifestación en Barcelona. «No hay nada mejor que el ejercicio del Estado de derecho», aseguró, antes de mencionar el trabajo con el Departamento del Interior catalán.

Quien anunció ayer una denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio por la «intolerable campaña de acoso» a los jueces fue Ciudadanos, que reclamó al presidente Quim Torra que «rectifique» y pida a los «comandos separatistas» que cesen sus actos violentos. La denuncia llegó después de que los Mossos anunciaran la apertura de una investigación.

La cumbre de la división social y política 

Las fuerzas políticas de Cataluña reflejarán hoy cómo ha quedado de dividida la sociedad catalana un año después del referendo ilegal. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado una reunión con los partidos que tienen representación en la Cámara catalana bajo el título de «espacio de diálogo para el logro de acuerdos sobre los grandes temas de país». Una cumbre para empezar a buscar consensos internos entre los catalanes, pero que nace coja. De los siete grupos parlamentarios, tres (Ciudadanos, PP y la CUP) no asistirán.

Todo parte de una iniciativa del PSC que el Parlamento catalán aprobó en julio. Miquel Iceta defiende desde hace tiempo que antes que un acuerdo entre Cataluña y el resto de España para reconducir la crisis, lo que hace falta es poner en marcha un proceso de diálogo entre catalanes para reparar la convivencia y llegar a una solución de consenso que el Gobierno catalán pueda proponer al Estado. Torra aceptó a regañadientes celebrar esta mesa de diálogo.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, rebajó ayer al máximo la esperanza de éxito en el encuentro, al que está obligado a acudir porque la idea es suya aunque sus expectativas son mínimas. No obstante, cree que la cita empieza con un gran hándicap, ya que no participa Ciudadanos, que es el primer partido de Cataluña. Su líder, Inés Arrimadas envió ayer una carta al presidente de la Generalitat en la que le solicita que se celebre un pleno en el Parlamento autonómico para promover el diálogo en Cataluña, porque es el lugar en que debe realizarse el debate entre fuerzas políticas.

Los socialistas presentaron ayer el documento que llevarán a la cumbre. Piden a Torra que renuncie a la unilateralidad y apuestan por un nuevo Estatuto. Los comunes, por su parte, proponen una «Cataluña republicana» que «comparta soberanías con un Estado español plurinacional» que apruebe una ley de claridad como en la provincia canadiense de Quebec. Fuentes de Esquerra recelan de Torra por convocar la cumbre en el palacio de la Generalitat y no en el Parlamento.

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