La Audiencia Nacional ordena la apertura de juicio oral contra el ex jefe operativo de los Mossos

La Fiscalía también quiere acusar a Trapero de rebelión, así como de sedición y organización criminal


madrid / colpisa

La Fiscalía no quiere distingos entre los líderes del desafío soberanista y pretende acusar también de rebelión al ex jefe operativo de los Mossos d’Esquadra. La Audiencia Nacional ordenó el lunes la apertura de juicio oral a Josep Lluís Trapero, investigado durante la fase de instrucción por dos delitos de sedición y uno de organización criminal, pero el ministerio público pretende incluir en su escrito de acusación el delito superior.

Con las pruebas recopiladas en la investigación, la Fiscalía cree contar con base para imputar a Trapero el delito de rebelión, castigado con penas de 15 a 30 años de cárcel. Para fijar su postura con rigor ha solicitado una prórroga a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para presentar su acusación. El tribunal ordenó el lunes la apertura de juicio oral y dio un plazo de cinco días a las partes para que presentasen su escrito de calificaciones, pero los fiscales aducen que necesitan más tiempo para valorar las pruebas recabadas en los interrogatorios de la instructora Carmen Lamela, ahora magistrada del Tribunal Supremo.

La acusación de rebelión para Trapero sería coherente con las peticiones en ese sentido para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y cinco exconsejeros, así como para la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En el auto de procesamiento se da por probada «sin duda la cooperación» del exjefe de los Mossos en el plan independentista, tanto en el asedio a la Consejería de Economía el 20 y el 21 de septiembre del año pasado como en el referendo ilegal del 1 de octubre.

Despliegue insuficiente

La primera acusación de sedición se fundamenta en que los Mossos no impidieron la concentración de miles de personas ante el edificio de la sede de la Consejería de Economía mientras era registrado por una comisión judicial. Los manifestantes protestaban por la detención de varios altos cargos del Gobierno catalán por preparar el referendo ilegal. En la consulta del 1-O, Trapero está acusado de sedición porque la policía catalana, con un despliegue insuficiente de agentes, no impidió las votaciones y permitió la apertura de los colegios electorales. La sedición está penada con entre 10 y 15 años de prisión. El exjefe policial, además, está imputado por pertenencia a organización criminal. Junto a Trapero están procesados por sedición en el referendo del 1-O el ex secretario general de Interior César Puig y el ex director general de los Mossos Pere Soler. Sobre la intendente del cuerpo Teresa Laplana recae la misma imputación por el asedio a la Consejería de Economía. La Sala Segunda no ha fijado aún la fecha del juicio oral, pero fuentes jurídicas apuntan a que se celebrará después de que el Tribunal Supremo enjuicie a partir de enero a los principales responsables de la causa del desafío independentista.

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