La defensa de Puigdemont admite que la demanda falsea las palabras de Llarena

La traducción enviada al juzgado tergiversa el sentido de las declaraciones del juez


Madrid / Colpisa

La demanda civil que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros fugados en Bélgica han interpuesto en este país contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena parte de una premisa falsa que sustenta el núcleo central de su acusación. Se trata de unas declaraciones que hizo el magistrado a los medios de comunicación en un acto jurídico en Oviedo y que, a ojos del juzgado belga donde se ha presentado, vulnerarían el derecho al honor de los investigados. El motivo es que los abogados firmantes de la demanda -Christophe Marchand, Michèle Hirsch, Paul Bekaert y Gonzalo Boye- dan por hecho en su escrito que el juez Llarena atribuyó a los investigados los delitos de los que se les acusa, rebelión y malversación. Sin embargo, mientras que el juez Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto en francés de los demandantes la comisión de los ilícitos penales se da por sentada. Se cambia así, por lo tanto, el sentido de sus palabras.

La alteración fue puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales y las recogidas en la demanda.

Tras conocerse la manipulación de las declaraciones del juez, el coordinador de la defensa de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, afirmó ayer que informará al juzgado belga del «error». Aunque para ello tendrán que esperar al próximo martes, cuando se celebre la vista previa por la demanda civil, dado que la citación ya ha sido notificada al demandado. Por lo tanto, corresponderá al juez belga decidir sobre las consecuencias judiciales, si las hubiera, de presentar unas declaraciones mal traducidas que cambian el sentido de la demanda.

En declaraciones a Antena 3, Boye negó que exista cualquier «alteración» y apuntó a un posible un error del «traductor». Asimismo, achacó la reacción tras conocerse el caso «a un exceso de nerviosismo y patrioterismo» porque «no se está leyendo bien el tema», ya que Llarena dice en esas declaraciones «bastante más de lo que se está contando». Por su parte, el abogado Christophe Marchand afirmó desde Bruselas que se trata de una «traducción jurada», hecha por profesionales, y que no ha existido ninguna voluntad de cambiar el significado ni los hechos, ni de falsear una traducción. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que esta manipulación de las pruebas podría ser una estafa procesal.

La demanda tal como se ha publicado consta de dos partes. La original en francés, donde se encuentra la falsificación, y la traducción jurada en castellano, visada por la profesional murciana Delia Saavedra, donde no aparece la manipulación. Esta es la que recibe Llarena y la primera es la que llega al juzgado belga. Dentro de la demanda original se encuentra tanto la versión original en español de las palabras de Llarena como la traducción en francés tergiversada. Esa traducción no es jurada y no la ha hecho la profesional que firma la versión de la demanda en español, porque no aparece visada con su sello ni su firma. «Es un tanto extraño. El texto en francés tendría que estar sellado en todas las páginas. Y no es así. A partir del 2015 se debe de incluir el original y el copiado sellado. El protocolo está muy estandarizado. Pero esto no ocurre aquí», asegura Jorge Carabias, responsable de Blarlo, una empresa de traducción de textos que cuenta con más de 1.700 traductores de 80 nacionalidades y traducen en más de 200 pares de idioma. De sus palabras se deduce que la demanda que le llega al juzgado belga pudo ser alterada por los abogados de Puigdemont y que la traducida al castellano -por Delia Saavedra, quien rehusó dar su versión- que recibe Llarena no lo fue por dos motivos: que la traductora no haya hecho bien su trabajo o que sus clientes no le hayan pasado el original.

C's demanda por delito de odio al agresor de la mujer que quitó lazos en Barcelona

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía Superior de Cataluña por «delito de odio» contra el «agresor de Lidia», la mujer que recibió un puñetazo en la cara y golpes delante de sus hijos cuanto retiraba lazos amarillos en Barcelona, y que también ayer presentó en una comisaría de la Policía Nacional en esa ciudad una denuncia contra su atacante por un delito de lesiones con agravante de motivación ideológica.

Rivera ha asegurado que ya son «decenas y decenas las denuncias por delitos de odio en los últimos meses en Cataluña» y ha subrayado que el procés ha provocado el incremento sustancial de estos delitos, pese a que el Gobierno diga que la situación es «normal». Rivera ha insistido en que quiere dejar claro que está al lado «de los que defienden la convivencia, no de los que pretenden imponer su ideología con violencia». Así, C’s informa a la Fiscalía de los hechos ocurridos el día 25 en el parque de la Ciudadela de Barcelona, cuando «una mujer habría sido víctima de una agresión física y un trato xenófobo al retirar símbolos partidistas y propagandísticos [lazos amarillos] colocados en el espacio púbico».

El espacio público

El partido de Rivera resalta la existencia de «indicios razonables de componentes de intransigencia y discriminación por razones ideológicas» y explica que el uso político de lazos amarillos «está vinculado a opciones separatistas». Además, recuerda que «habían sido colocados previa e ilegalmente con intención de permanencia indefinida en el espacio público», pide que se retiren de esas zonas elementos que «vulneran su debida neutralidad» y anuncia «una ofensiva de defensa de las libertades» de los catalanes que no secundan la propaganda secesionista en los espacios públicos.

El PP forzará la reprobación en el Senado de la ministra de Justicia

Fran Balado

Cree que Sánchez la desautorizó al decir que la defensa de Llarena es cuestión de Estado

El nuevo PP de Casado no está dispuesto a conceder ni un solo minuto de tregua al Gobierno. Ayer exigió a su presidente, Pedro Sánchez, el cese fulminante de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que consideró desautorizada por el jefe del Ejecutivo. En apenas cinco días, el Gobierno ha protagonizado un viraje completo, que completó en la madrugada de ayer Sánchez garantizando que el apoyo legal al juez Llarena «no es una cuestión privada, sino de Estado», parcheando así las declaraciones de su titular de Justicia y de su vicepresidenta, Carmen Calvo. Y si en un primer momento desde Génova pusieron el grito en el cielo por el desamparo de Llarena, ahora cargan con fuerza contra las constantes rectificaciones del Ejecutivo. «Solo aciertan cuando reculan», denunció ayer Casado en un acto en Tarazona (Zaragoza), donde criticó también que el Gobierno no detectara las irregularidades en la traducción de las palabras de Llarena coladas por Puigdemont en la demanda civil contra el magistrado que instruye la causa secesionista.

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