Ni el Ministerio del Interior ni la Generalitat dan por muerto el intento de convocar la Junta de Seguridad de Cataluña, la primera reunión de alto nivel entre policías de ambas Administraciones tras el 1-O
29 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Ni el Ministerio del Interior ni la Generalitat dan por muerto el intento de convocar la Junta de Seguridad de Cataluña, la primera reunión de alto nivel entre policías de ambas Administraciones tras el 1-O. Pero lo cierto es que no se ponen de acuerdo ni en los temas a tratar. La crisis de los lazos amarillos se ha convertido en el gran escollo. Interior insiste en que «la convivencia en el espacio público» debe ser el primer punto a tratar, mientras que el Ejecutivo de Quim Torra reitera que no va a hablar de ese tema en la junta porque la seguridad pública es competencia de la Generalitat.
El desencuentro ha desencadenado una batalla epistolar entre Fernando Grande-Marlaska y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch. El ministro recordó ayer a Buch en su escrito que la seguridad pública, según la legislación, es «competencia exclusiva del Estado» y que el primer punto del encuentro debe ser el «análisis general de la seguridad pública» en la comunidad, eufemismo que usa el Gobierno para hablar de los incidentes por los lazos. El lunes, Buch, también en una carta, transmitió a Grande-Marlaska que no tenía ninguna intención de incluir en el orden del día de la Junta de Seguridad la petición del Gobierno de abordar la convivencia en los espacios públicos de Cataluña porque la «competencia» de seguridad es «exclusiva» de los Mossos.
Constitución
Grande-Marlaska, que se muestra seguro de que Gobierno y Generalitat llegarán «a un acuerdo en beneficio del conjunto de la ciudadanía catalana» dentro de la «cooperación institucional», insiste en que es la Constitución, en su artículo 149.1, la que fija que el Estado es el máximo responsable de la «seguridad pública», sin perjuicio de que algunas comunidades autónomas tengan policías propias. Además, recuerda a Buch que los Mossos, según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, deben «velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado».
El Gobierno catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, insistió ayer: «El Estatut nos da competencias exclusivas». Y cargó contra la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias contra los mossos que identificaron a una decena de personas que retiraron lazos amarillos en Tarragona. El Ejecutivo catalán defendió al cuerpo policial autonómico, arremetió contra las personas identificadas y exigió a la Fiscalía que detenga la investigación. «Hay que dejar trabajar a los Mossos y no ponerlos en el punto de mira», afirmó Artadi.