La FEMP apoya la propuesta de dar competencias a los ayuntamientos, cuestionada por varias comunidades
01 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Es un balón con el que nadie quiere jugar. Al menos, a nadie le gustaría tenerlo en su tejado mientras no esté lo suficientemente hinchado como para poder manejarlo con soltura en un terreno que quedó enfangado entre los años 2009 y 2013, cuando un vacío legal con la ley ómnibus permitió conceder miles de licencias para vehículos con conductor (VTC). Ahora el Ministerio de Fomento pretende secar unos lodos que han llevado a miles de taxistas a salir a la calle para defender su sector con una fórmula que no acaba de convencer a todos. Su método, entre otras cosas, es transferir de modo definitivo las competencias en materia de licencias VTC a las comunidades autónomas, una potestad que en estos momentos tienen delegada en el Gobierno central.
Esa es una de las demandas de las agrupaciones de taxistas de ciudades como Barcelona o Madrid que a lo largo de la última semana arrastraron a las calles a miles de compañeros de toda España para defender su sector de la «competencia desleal» que, según apuntan, les hacen los vehículos VTC de los que han echado mano plataformas como Uber o Cabify para poder operar en España. En cambio, los miembros del gremio en Galicia no lo ven con los mismos ojos. Como tampoco lo ve la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que ayer volvió a comentar en este sentido que se puede «falar de abordar o tema de transferir competencias, pero non de transferir problemas, e iso se soluciona cun marco regulador claro».
Pero la oferta no es nueva. El ministro José Luis Abalos había hablado de ella durante su comparecencia en el Congreso el pasado 12 de julio, antes de que los taxistas catalanes rompieran la baraja después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejara en suspenso el decreto del Ayuntamiento de Barcelona aprobado en junio que marcaba la obligatoriedad de una segunda licencia municipal para que los VTC pudieran operar en la capital catalana. El objetivo era reducir las 1.035 que, según Colpisa, tiene la Ciudad Condal a poco más de 400 para cumplir con la ratio de uno por cada treinta taxis en una misma comunidad marcada por la norma aprobada en el 2015. Además, establece que un 80 % de los servicios que realizan han de hacerlos dentro de la autonomía en la que han obtenido la licencia.
El gremio del taxi catalán defiende un permiso a mayores otorgado por los gobiernos locales porque, alegan, de ese modo podrían controlar mejor las proporciones marcadas por la ley. De ahí que en la reunión de anteayer en Madrid para tratar de acabar con la huelga, Fomento dejara abierta la puerta a esa «licencia urbana» para que las autoridades municipales puedan participar también en la regulación del sector.
Para hacer efectivo el traspaso han de estar de acuerdo todas las autonomías A la Federación Española de Municipios y Provincias no le disgusta la idea. Al menos es lo que, como informa María Jesús Fuente, de la delegación de la Voz en Vigo, explicó ayer el alcalde de la ciudad olívica y presidente de ese organismo, Abel Caballero. Apuntó que la regulación del transporte urbano es competencia exclusiva de los municipios. «Yo voy a defender que seamos los ayuntamientos los que entremos en esta cuestión y lo resolvamos y, de hecho, lo he reclamado», dijo. No dudó tampoco en ofrecerse como «aliado» de los taxistas para defender sus derechos ante el trabajo de servicio público que prestan, al que se suma el de seguridad.
Pero no va a ser tan fácil aprobar esas transferencias. Sobre todo porque la medida tendría que recogerse, como explicó a Europa Press el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Santiago Muñoz Machado, en una ley orgánica, de conformidad con el artículo 150.2 de la Constitución, para lo que precisaría del consenso de todas las comunidades a la hora de aceptar dichas competencias. Valencia ya le ha advertido que no haga más transferencias mientras no arregle el conflicto, en línea con lo que también dicen desde Galicia. Y desde la comunidad de Madrid, Ángel Garrido reclamó que no eche balones fuera.
Búsqueda de acuerdo
Aunque el Ejecutivo pudiera echar mano de otra solución legislativa, tampoco lo tendría fácil para sacarla adelante dentro del nuevo marco regulatorio que pretende aprobar en septiembre, porque precisa el respaldo de la mayoría del Congreso. Desde el PP han cuestionado la idea de traspasar la competencia a los ayuntamientos. Su vicesecretario de organización, Javier Maroto, no se anduvo con rodeos: hace falta una solución «y no seis mil soluciones pequeñitas para cada ciudad». En la misma línea, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó una norma «troceada» en diecisiete comunidades autónomas.
Unauto está «moderadamente satisfecha» al poder entrar en la negociación
«Moderadamente satisfecho». Esa fue la sensación con la que el presidente de Unauto -la patronal del sector de VTC- abandonó ayer la reunión de más de tres horas mantenida con el número dos de Fomento, Pedro Saura. Como recoge Efe, a la salida del encuentro el representante de ese sector explicó que el Gobierno les había propuesto participar en una comisión de diálogo «para estudiar el problema en profundidad».
En ese grupo de trabajo, que pondrán en marcha tras las vacaciones de agosto, estarán también presentes representantes de los colectivos de taxis, junto con otros representantes de diversos sectores económicos que podrían verse afectados.
Defensor del Pueblo
Pero en paralelo a la reunión con Saura parece que Unauto ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo. En una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, todo el colectivo reclama al titular de la institución, Francisco Fernández Marugán, que estudie el estado en el que se encuentran tras las amenazas a las que muchos conductores del gremio de VTC se han visto sometidos a lo largo de las últimas jornadas de huelga.
En el documento advierten que podría estarse incurriendo en una vulneración de derechos constitucionales. No solo los suyos, también los de los usuarios. Podrían hacerlo, añaden también, en el caso de que el Ministerio de Fomento acabe poniendo coto a los permisos para operar o en caso de que acaben traspasando las competencias a las comunidades autónomas o concellos con la idea de cercenar los derechos reconocidos a los operadores de este tipo de compañías.