El año de las sentencias estrella

En los primeros meses del 2018 se conocerán las decisiones judiciales que pueden llevar a prisión a Urdangarin, al exvicepresidente Rodrigo Rato y a Luis Bárcenas


Madrid / Colpisa

«En función del resultado de la sentencia de primera instancia, es una probabilidad muy alta que entre en prisión en el 2018». Hace unos días, el exfiscal Pedro Horrach, que sentó en el banquillo al marido de la infanta Cristina, hizo este pronóstico sobre el futuro procesal de Iñaki Urdangarin. Un oscuro horizonte para el cuñado del rey, que también acompaña al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que conocerá este año la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el caso de las tarjetas opacas de Cajamadrid y, además, se sentará en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia. Otros personajes que esperan el fallo de los tribunales son el extesorero del PP Luis Bárcenas (caso Gürtel), Francisco Granados (caso Púnica) o los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que abren el curso con la continuación del juicio de los ERE fraudulentos, en el que están siendo juzgados junto a otros veinte ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Pero en el eje del curso judicial está la instrucción de la causa contra el desafío secesionista en el Supremo.

NÓOS

En primavera, como muy tarde. Urdangarin fue condenado por la Audiencia de Palma a seis años y tres meses de prisión y a finales de este invierno o en la primavera la Sala Segunda (Penal) del Supremo tiene previsto resolver los recursos de casación de las partes antes de dictar sentencia firme. Sobre la mesa está la petición de la Fiscalía Anticorrupción de elevar a diez años la pena para el marido de la infanta. Sea reafirmado el fallo de primera instancia o sea estimada la solicitud del Ministerio Público, inexorablemente iría a la cárcel. La razón es que las sentencias firmes con condenas superiores a cinco años de prisión se suelen ejecutar. Además, la Audiencia de Palma ya dejó muy masticada la prueba de cargo contra Urdangarin.

Bankia

Rato, por partida doble. La Sala Segunda del Supremo resolverá en los primeros meses del año los recursos por el uso de estas tarjetas opacas al fisco con 65 condenados por la Audiencia Nacional, entre los que figuran Rato (cuatro años y medio de cárcel), Gerardo Díaz Ferrán (dos años) y Rafael Spottorno (dos años). La Fiscalía pidió que se mantengan las penas. De forma paralela, la Audiencia juzgará este año el presunto maquillaje en las cuentas de la salida a bolsa de Bankia, entidad que tuvo que ser rescatada por el Estado. Hay 35 procesados, entre ellos su expresidente Rato, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel, el exministro popular Ángel Acebes, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga o la auditora Deloitte como persona jurídica.

Gürtel

El puzle judicial. El puzle judicial de Gürtel solo acaba de comenzar. La Sala Penal de la Audiencia Nacional dictará la sentencia por la primera época de la trama liderada por Francisco Correa, que se ha juzgado durante un año. Para el extesorero nacional del PP Luis Bárcenas piden 39 años y medio de cárcel, por lo que su futuro está en prisión provisional (sin esperar al Supremo) con la probable condena en primera instancia. Le podría acompañar su mujer, Rosalía Iglesias, para quien reclaman 24 años de cárcel. De forma paralela, a mediados de enero se inicia en el Juzgado Central de lo Penal la vista oral por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Hay veinte acusados, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla y el exsecretario del PP Ricardo Costa. Se juzgan delitos fiscales y electorales que supuestamente se cometieron en las elecciones autonómicas y municipales del 2007, así como en las generales del 2008.

Ordenador de Bárcenas

El PP, en el banquillo. La Audiencia de Madrid juzgará este año la causa por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas cuando era empleado del PP. El partido se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica por un delito de daños informáticos, así como la actual tesorera, Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el exresponsable informático de la formación José Manuel Moreno por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Pretoria

El PP, en el banquillo. El juicio quedó visto para sentencia en septiembre en la Audiencia Nacional, después de que varios acusados pactaran con la Fiscalía el reconocimiento de los delitos, su reparación y una rebaja de condena. El exconsejero de Finanzas de la Generalitat catalana Macià Alavedra, mano derecha de Jordi Pujol, reconoció el cobro de comisiones a cambio de dos operaciones urbanísticas millonarias, mientras que el ex secretario general de la Presidencia Lluìs Prenafeta admitió que cobró comisiones y defraudó casi 15 millones. Por estas confesiones obtuvieron una reducción de la petición de cárcel de dos años. La sentencia se conocerá en el primer trimestre del año, al igual que la del caso Palau, en la que se juzgó el desvío de 6,6 millones a Convergència. El principal imputado, Jordi Montull, pactó con la Fiscalía rebajar su pena a 11 años de prisión y Félix Millet, expresidente del Palau, a 15 años.

La vista oral del juicio por la causa política de los ERE se reanudará el próximo martes

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que enjuicia a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros veinte ex altos cargos por el «procedimiento específico» por el que se concedieron las ayudas de los ERE entre los años 2000 y 2011, continuará la vista oral el próximo martes. El primero en declarar será el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, cuya declaración ante la policía sobre el ERE de Mercasevilla en diciembre del 2010 hizo saltar la alarma que conduciría a una larga instrucción judicial de la que se encargó la magistrada Mercedes Alaya.

La creación de un procedimiento «para eludir los controles de fiscalización previos de la Intervención General de la Junta» supuso, según la jueza, un desembolso «arbitrario y discrecional» de 855 millones. La Fiscalía lo ha cifrado en 741 millones de euros.

José Antonio Griñán se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para Manuel Chaves piden diez años de inhabilitación por presunta prevaricación. La diferencia entre uno y otro es que Griñán, además de presidente de la Junta de Andalucía en sustitución de Chaves, fue consejero de Economía y, con ello, el responsable último de la elaboración de los presupuestos de la comunidad y de la aplicación del procedimiento que está en cuestión, el de las transferencias de financiación, con lo cual, según la instructora, se saltaron conscientemente los controles presupuestarios normales. Además, el interventor asegura haber notificado las irregularidades, pero Griñán, el destinatario de los avisos, niega haberlos recibido.

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