El PDECaT se desmarca de sus socios y defiende retocar en el Presupuesto la partida del referendo

La CUP se niega a dar marcha atrás pese a la advertencia del Consejo de Garantías de que esa asignación es inconstitucional


barcelona / colpisa

La unidad del independentismo catalán, muy frágil durante toda la legislatura, se está resintiendo aún más ahora que se acerca el momento del calendario que diseñaron para una ruptura. Mientras la mayoría de los partidos catalanes piensan ya en elecciones, la desconexión por la vía rápida y los casos de corrupción que afectan a la antigua Convergència han abierto fisuras en el endeble frente secesionista. Así, el El PDECat marcó ayer distancias con las declaraciones que hizo la semana pasada el Gobierno catalán, que se mostró dispuesto a desoír el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias -el Constitucional catalán- después de que advirtiera de que la inclusión de partidas presupuestarias para el referendo es inconstitucional, porque contrario a la Carta Magna es también convocar una consulta sobre la independencia.

El primero que se salió del guion fue Josep Rull, consejero de Territorio, que pidió que se cuiden las «formas». Esta rectificación fue secundada por la ejecutiva de su partido ayer. La formación de Puigdemont y Mas afirmó que quiere respetar el marco legal y se abrió a modificar o incluso eliminar la polémica disposición de las cuentas catalanas que aseguraba asignaciones presupuestarias para la consulta.

La CUP ya dijo que no contemplaba dar ni «un paso atrás», por lo que esta semana se espera muy movida hasta que alcancen un acuerdo que pueda satisfacer a todas las partes. También a Esquerra, que desde el primer día ejerce de mediador entre los dos extremos y no se moja de entrada. Los republicanos emplazaron a convergentes y anticapitalistas a pactar una posición conjunta. En realidad, todo es muy retórico, pues el independentismo sabe que si quiere celebrar el referendo, digan lo que digan el Constitucional o el Consejo de Garantías, tendrá que romper con la legalidad vigente. Y ahí sí que las diferencias serán mucho más pronunciadas. La reforma del reglamento que propone Junts pel Sí para agilizar la aprobación de las leyes de la desconexión también será un foco de tensión. 

El frente de la corrupción

El otro frente que divide a los secesionistas es el de la corrupción. Se espera que mañana Jordi Montull y su hija, en el juicio del Palau, aporten pruebas que acrediten que CDC se financió de manera ilegal a través de la entidad cultural. Las revelaciones del caso Palau, unidas a las que se conocieron ayer del caso 3 %, que apuntan al exconsejero de Justicia, Germá Gordó, como pieza clave de la trama, abrirán una brecha entre el El PDECat y sus socios de ERC y la CUP, que está por ver si se convierte en definitiva, porque si Esquerra quiere ganar las próximas elecciones, tiene que romper amarras con sus socios en Junts pel Sí. De momento, los republicanos lanzaron un aviso: «Nuestro proyecto es el de un país limpio y transparente. Nos gustaría que todos los partidos tuvieran el mismo nivel de compromiso, exigencia y transparencia».

Méndez de Vigo reclama a los secesionistas que «no engañen»

Mientras el Gobierno trata de salvar su operación diálogo con la Generalitat, el secesionismo busca promoción fuera de España. La última parada del expresidente Artur Mas en la Universidad de Harvard, Boston, se suma a los intentos del Ejecutivo catalán por internacionalizar el proceso. El balance que manejan en la Moncloa, sin embargo, no resulta tan halagüeño para el movimiento secesionista. Fuentes gubernamentales insisten en su apreciación de que la estrategia de lograr el reconocimiento exterior no le está funcionando a quienes persiguen la ruptura. Los viajes más recientes de líderes independentistas, argumentan en la Moncloa, no han tenido el impacto que podría esperar la Generalitat. Al mismo tiempo, subrayan en el Ejecutivo, que la UE siempre ha dejado claro en sus pronunciamientos qué ocurriría con Cataluña en caso de abandonar el proyecto común. Es por eso que el portavoz del Gobierno pedía ayer expresamente a las autoridades catalanas un ejercicio divulgativo, «no engañar a la gente y decir la verdad». Salir de España, recuerda Iñigo Méndez de Vigo, es dejar el club europeo.

El Ejecutivo se siente avalado por la retahíla de declaraciones que desde Bruselas establecen las complicaciones de Cataluña para volver a ingresar en la UE en caso de independencia. Así, Méndez de Vigo destacó ayer en un foro en Madrid que desde el 2004 autoridades como Romano Prodi, Durão Barroso o Jean-Claude Juncker han subrayado que, tras la ruptura, el territorio catalán quedaría «fuera». Del mismo modo, el también ministro de Educación rescató las palabras del presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, quien hace unos días subrayó que «vulnerar la Constitución de un Estado miembro es vulnerar también el ordenamiento constitucional europeo».

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