Una treintena de prestigiosos juristas catalanes descalifican la consulta y el Gobierno advierte a la Generalitat que defenderá la legalidad con todas las medidas en su mano
03 feb 2017 . Actualizado a las 09:50 h.A medida que se acerca el inicio del primer juicio derivado del desafío secesionista aumenta la tensión entre los Gobiernos central y catalán. En su línea habitual de victimismo, la Generalitat pretende aprovechar la vista oral contra Artur Mas y dos de sus consejeras, que comenzará el próximo lunes, para presentarlo como un ataque a Cataluña y justificar una huida hacia adelante que por el momento le ha llevado incluso a amenazar con adelantar la convocatoria del referendo. En respuesta a este avance en el desafío, el Gobierno ha acelerado los planes para atajar las provocaciones independentistas y que incluyen medidas coercitivas para impedir la celebración de la consulta.
De la ilegalidad del referendo no cabe ninguna duda ni para el Gobierno ni para ninguna de las fuerzas políticas. Y tampoco para los más prestigiosos juristas catalanes. Una treintena de ello hicieron público ayer un manifiesto en el que destacan que la pretendida consulta secesionista transgrediendo las leyes vigentes no solo es ilegal, es, además, ilícita, es decir delictiva e inmoral. Entre los firmantes de este manifiesto, cuyos promotores declaran abierto a nuevas adhesiones, se encuentran el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, el expresidente de la Audiencia de Barcelona Javier Béjar, el expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana Pere Lluís Huguet Tous, el exrector de la Universidad Pompeu Fabra Josep Joan Moreso y el exparlamentario de CiU Jordi Casas.
En alusión a los independentistas, aunque sin citarlos directamente, los juristas destacan que «las llamadas a la infracción y la vulneración del marco jurídico vigente no son legales, pero tampoco lícitas; no vale romper las reglas de juego». Y exigen que se recupere, «en primer lugar, el rigor jurídico perdido; y, en segundo lugar, que se desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, garantes de nuestra convivencia pacífica y de los derechos y las libertades de todos».
En esta línea, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría respondió ayer al Ejecutivo catalán. Le recordó que «nadie puede estar por encima de la ley» y le advirtió que «los Gobiernos no podemos ser de distinta condición a los ciudadanos; tenemos que respetar la legalidad y cuando se vulnera la legalidad, se repone». No quiso concretar qué medidas prepara el Gobierno para garantizar el respeto a la ley, pero su tono fue más tajante de lo habitual y especialmente duro con el presidente Carles Puigdemont, al que acusó de estar alentando la construcción de un «modelo social radical» que genera una enorme «intranquilidad» a los ciudadanos y que pone en cuestión su «derecho a la libertad de pensamiento, a no tener que declarar cuáles son sus ideologías y creencias y a no tener que adscribirse a nada».
Una de las medidas en preparación que se ha filtrado es la del cierre por la fuerza de los colegios electorales. Sáenz de Santamaría no lo confirmó. Y tanto ella como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistieron en que el Gobierno recurrirá a todas las herramientas en sus manos, entre las que no descartan la intervención de la Generalitat.
Homs pide al Supremo que cite como testigo en su juicio a Mariano Rajoy
Los abogados de Francesc Homs, procesado en el Supremo por la consulta del 9N, solicitan que declaren como testigos en el juicio, que será fijado próximamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el exfiscal general, Eduardo Torres-Dulce. En su escrito de defensa, los letrados del diputado creen que es necesario que Rajoy y Catalá testifiquen por qué afirmaron que el 9N «no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico». Pide también a Torres-Dulce porque impuso a la Fiscalía de Cataluña que presentara la querella contra Artur Mas, cuando los fiscales de Cataluña se negaron en un principio pues no apreciaron indicios de delito en el 9N.