El Sindicato Unificado de Policía acusa al ministro de «sustituir la Constitución por el catecismo» al adjudicar a una universidad católica la formación de los inspectores
15 oct 2016 . Actualizado a las 09:58 h.Otra controvertida decisión con trasfondo religioso del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz apunta, como las anteriores, a acabar en los tribunales. La resolución del Ministerio del Interior de encomendar en exclusiva la formación académica de los nuevos inspectores de policía a la Universidad Católica de Ávila (UCAV), relegando tras 28 años de colaboración a la laica e histórica Universidad de Salamanca (USAL), ha incendiado al Cuerpo Nacional de Policía.
Interior insiste hasta la saciedad en que ha sido un criterio exclusivamente económico y que ha sido la mesa de contratación la que se ha decantado por el centro religioso, porque había rebajado casi a la mitad el coste del servicio, de 200.000 euros a unos 100.000 euros. Explican desde la policía que 65 de los 100 puntos en litigio dependían del tema económico y que, por ello, se eligió a Ávila frente a Salamanca o Sevilla. En el aspecto técnico, las tres empataron a 30 puntos, sin valorarse que la USAL cuenta con un Centro de Ciencias de la Seguridad, un grado de Criminología y tiene entre sus instalaciones un laboratorio de criminalística. Méritos de los que carece el centro religioso.
La Universidad de Salamanca ya ha anunciado que va a recurrir ante Interior o ante los tribunales la designación del centro confesional por «falta de solvencia técnica», ya que no cuenta con profesorado específico ni con programas para los inspectores. Al margen del hecho de que otras grandes instituciones, como la Guardia Civil o el Ejército, también han mantenido siempre convenios para su formación con centros públicos.
«Gran sintonía»
Fuentes policiales recuerdan la «gran sintonía» entre el obispo de Ávila, Jesús García Burguillo, y Fernández Díaz. También que uno de sus antecesores, Ángel Acebes, exalcalde de Ávila, fue uno de los grandes valedores y patronos de la UCAV, al igual que otros políticos populares como el exministro José María Michavila o el presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González.
Sea como fuere, la adjudicación de la formación al centro católico ha encendido la llama en el cuerpo y, en particular, en su sindicato mayoritario, el Sindicato Unificado de Policía. La central denunció ayer que Fernández pretende sustituir en la policía «la Constitución por el catecismo». El SUP aseguró que la designación de la UCAV es una «arbitrariedad» fruto de sus «amiguismos». «Es una maniobra más del ministro de Interior en funciones, decidido a iluminar a las fuerzas de seguridad con la misma luz que, lejos de aportarle clarividencia, parece haberle ofuscado, imponiendo sus usos y creencias», apuntó el sindicato, que tachó de «desvarío imperdonable» la polémica decisión.
No es esta la primera controversia religiosa con Fernández, miembro del Opus Dei, como protagonista. La concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial en favor de María Santísima del Amor de Málaga ya ha llegado al Tribunal Constitucional, después de que la Audiencia Nacional avalara la decisión del ministro. En septiembre del año pasado impuso la Cruz de Planta de la Guardia Civil a la Virgen de los Dolores de la localidad malagueña de Archidona. La fiebre por las medallas religiosas de Fernández comenzó, no obstante, antes. En el 2012, el ministro del Interior otorgó la Gran Cruz de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar.