Tres acusados de bloquear la web del Congreso afrontan cinco años de cárcel

Según la Fiscalía estos tres informáticos, vinculados al colectivo Anonymous, prepararon estos ataques con la finalidad de entorpecer el proceso electoral del 22 de mayo del 2011


Tres personas vinculadas al colectivo Anonymous afrontan penas de cinco años y cuatro meses de prisión en dos casos y de cinco años en el del tercero como acusadas de un ataque informático para bloquear las páginas web del Congreso de los Diputados, de la Junta Electoral Central y de UGT en mayo del 2011.

La Fiscalía solicita dichas condenas por los delitos de grupo criminal y de daños de cara a la vista oral que se celebrará el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, ciudad donde reside uno de los tres acusados. Dicho grupo está constituido por numerosos usuarios informáticos de España y de otros países que, entre otras actividades, organizaba de forma concertada ataques de Denegación de Servicio Distribuido (denominados DDoS).

Esos ataques consisten en la saturación de un entorno informático o de una página web mediante múltiples peticiones simultáneas de forma que no tiene capacidad suficiente para responder, se colapsa y queda sin funcionamiento e inaccesible para los usuarios. En su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía sostiene que en mayo del 2011, y con motivo de las elecciones locales y autonómicas que se iban a celebrar el día 22 de ese mes, el colectivo Anonymous, del que formaban parte los tres acusados, preparó dos de estos ataques con la finalidad de entorpecer el proceso electoral.

De esta forma el 18 de mayo, y bajo el nombre de operación Spanish Revolution, organizaron un ataque contra el entorno informático de la Junta Electoral Central, residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la de la Cámara Baja. Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la página web de la Junta Electoral obstaculizando los trámites previos al proceso electoral de forma que sus buzones de correo recibieron en dos días casi 350.000 mensajes, lo que colapsó su funcionamiento.

Además, la página web recibió un gran número de peticiones simultáneas sin esperar respuesta, que en algunos momentos alcanzaron la cifra de dos millones de paquetes de comunicación en menos de un minuto desde una misma dirección IP, lo que ocasionó su bloqueo y quedó inaccesible de forma intermitente durante dos días.

El coste estimado del trabajo para responder a los ataques contra el entorno informático de la Junta Electoral fue de 700 euros para pagar dos jornadas de un consultor externo en seguridad aunque, según la Fiscalía, fue el impacto negativo en el normal desarrollo del trabajo, al no poder utilizar las herramientas informáticas ni accederse a la página web, lo que ocasionó mayores perjuicios. Según la Fiscalía, para el 20 de mayo a las 16.00 horas estaba preparada además la llamada operación V de votaciones contra las páginas web de PP, PSOE y CiU, que no llegó a ejecutarse al impedirlo la intervención policial.

A los acusados les fueron intervenidos diversos dispositivos informáticos usados para la realización de estos hechos y uno de ellos, para el que la Fiscalía pide una pena de cárcel menor, reconoció los hechos en su declaración policial y facilitó el ordenador portátil que utilizaba.

Además de la petición de condena, el Ministerio Público solicita una multa de 5.600 para los dos primeros acusados y de 4.200 para el tercero además del pago de las costas procesales de una indemnización de 700 euros, más los intereses, al Congreso. También pide el comiso del material informático intervenido y que sea entregado, tras formatear sus unidades de almacenamiento lógicas y físicas, a la Unidad de Policía Judicial que actuó en la causa.

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