Los críticos con Alberto Garzón quieren que el pacto al que se llegue vuelva a ser sometido a consulta de las bases
07 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Podemos e Izquierda Unida no terminan de ponerse de acuerdo para formar una coalición de cara al 26J que, sin embargo, los principales dirigentes de uno y otro partido dan por hecha. El viernes de la semana pasada, Pablo Echenique y Adolfo Barrena, secretarios de Organización y responsables de pilotar las conversaciones, se dieron de plazo hasta este viernes para cerrar un preacuerdo. El objetivo, según declaró Alberto Garzón, era presentar el documento ante el consejo político federal que IU celebra hoy. No obstante, Barrena se encargó este viernes de rebajar las expectativas. «He visto acuerdos y negociaciones que se han firmado a última hora. Lo único cierto es que la coalición, si se da, tiene que estar registrada con la fecha tope del 13 de mayo», advirtió.
Podemos e IU tienen hasta el lunes para sellar su alianza, ya que la formación morada anunció que el acuerdo será consultado a sus bases entre el martes y el miércoles. Si los militantes podemitas le dan su visto bueno, tienen que registrar la coalición en el Ministerio del Interior antes de la medianoche del viernes.
Tanto Iglesias como Garzón insistieron este viernes en la necesidad de acudir unidos a las urnas. Garzón mantiene que la confluencia es la única oportunidad de evitar un gobierno conservador. «El CIS fortalece la idea de intentar explorar el acuerdo con Podemos y el resto de fuerzas para poder disputar el Gobierno a PP y Ciudadanos», dijo. «Hay espacio político de cambio para poder superar al PP, ganar las elecciones y liderar un nuevo gobierno de coalición progresista en nuestro país», señaló Iglesias.
Ninguno ha querido dar detalles sobre los puntos de desencuentros. Se sabe que entre los principales escollos está la confección de las listas, en las que IU exige tener una presencia relevante. Aunque Garzón afirmó que el orden en las candidaturas es «un elemento secundario», insistió en que los dos partidos deben mostrar «generosidad» para que «la correlación de fuerzas y la presencia en las listas sea acorde a lo que cada organización aporta». Pese a esto, el lugar por el que concurrirá Garzón trae de cabeza a los negociadores. IU quiere que vaya de tres por Madrid, en reconocimiento a la federación y al millón de votos que obtuvo el 20D. Sin embargo, Podemos desea que ese puesto siga en manos de Íñigo Errejón.
Presión interna
Si Podemos no quiere ceder, IU no puede hacerlo. Garzón se enfrenta a una dura oposición interna encabezada por Cayo Lara y Gaspar Llamazares que le obliga a no dar un paso atrás. Y es que los críticos con el candidato en las pasadas elecciones le exigen que quede garantizada la independencia de la federación frente a un Podemos al que acusan de querer absorber a IU. La debilidad interna de Garzón quedó de manifiesto en los resultados de la consulta interna que IU celebró para autorizar la confluencia. El sí se impuso con un 85 % de los sufragios, pero apenas un 28 % de la militancia ejerció un derecho al voto. La baja participación ha dado alas a los críticos para exigir un nuevo referendo interno que valide el documento final que se firme, a lo que se opone Garzón.
26 de junio, nuevas elecciones
El Gobierno destina 120,6 millones para los gastos del proceso electoral del 26J
El Consejo de Ministros autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia para una modificación de crédito que permita destinar 120.691.816,71 euros a financiar los gastos originados con motivo de las elecciones del 26 de junio. El Ejecutivo aprobó ese gasto extraordinario para afrontar el proceso electoral, que no estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
Los comicios del 20 de diciembre del año pasado costaron 136 millones, de los que 49 fueron para el envío de propaganda. Otros 17,3 millones se gastaron en realizar el escrutinio provisional y en los medios informativos y 12,7 millones de euros mas costó el despliegue de 90.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad.
Para pagar a los miembros de las mesas electorales se destinaron unos 11,7 millones de euros, 370.603 euros fueron para urnas y cabinas, y alrededor de 2 millones, a montarlas y desmontarlas
Imprimir las papeletas, sobres y otros documentos como los listados del censo alcanza los 6,3 millones, y empaquetarlos y distribuirlos, más de 1,3 millones. En torno a los 200.000 euros supone almacenar el material electoral, que a su vez cuesta 230.000 euros, además del gasto en artículos de oficina, unos 288.000 euros. Cien mil euros más, es decir, alrededor de 381.000 euros, es la inversión para la campaña de publicidad institucional de elecciones, al tiempo que adecuar las instalaciones del centro de difusión de datos se lleva 900.000 euros. Algo menos, 860.000 euros, se destinan a imprevistos, y en torno a un millón de euros queda como fondo de contingencia.
Pero el coste de las elecciones es superior a esos 120 millones, pues hay que sumarles el dinero que los partidos perciben después de los comicios en función de los votos y escaños logrados, y el reintegro de lo gastado en buzoneo.