La división de la Comisión Islámica bloquea el decreto del Gobierno para regularla

Enrique Clemente Navarro
enrique clemente MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

El objetivo es que el Estado tenga un interlocutor válido de los musulmanes

17 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El choque frontal entre las dos organizaciones que componen la Comisión Islámica de España (CIE) está bloqueando la aprobación del real decreto en el que trabaja el Ministerio de Justicia para regular su estructura y la representación de la comunidad musulmana ante las instituciones. Ambas partes mantuvieron ayer sus posiciones irreconciliables en la reunión de trabajo de la comisión asesora de libertad religiosa presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Según explicaron fuentes de Justicia, el ministerio «ha escuchado, ha tomado nota de las alegaciones que se han hecho y se ha decidido dar más tiempo para que las partes presenten las propuestas que consideren oportunas, y así poder estudiarlas y analizarlas». El ministerio insiste en que quiere buscar el consenso, pero de momento no ha habido ningún acercamiento de posturas entre los representantes musulmanes.

El objetivo del Gobierno es contar con un interlocutor válido en la comunidad musulmana española, que forman 1,8 millones de personas. El problema es que existe una bicefalia en la CIE, con dos secretarios generales, Riay Tatary y Mounir Benjelloun, enemigos declarados, que se disputan el liderazgo.

Tatary, que preside la mayoritaria Unión de Comunidades Islámicas de España, aseguró a La Voz que el real decreto es necesario para superar el actual bloqueo en el funcionamiento de la CIE. «No se puede seguir así, el Estado quiere tener un interlocutor único con una representación real, no ficticia, de los musulmanes», explicó. Culpa a Benjelloun de la situación que se ha creado. Por eso es favorable a la intervención del Gobierno para poner orden, aunque considera que no hubiera sido lo deseable. Asegura que su organización representa al 65 % de los musulmanes.

Muy poca voluntad

Benjelloun, que está al frente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, se arroga la presidencia provisional de la CIE, esgrimiendo los estatutos del 2012, pero estos no fueron admitidos por la Administración. Está en contra del real decreto, que considera una «injerencia directa inaceptable del Estado español en los asuntos internos de los musulmanes», según aseguró a este diario. Admitió que existe aún un «margen de negociación, pero bajo ningún concepto vamos a aceptar que nos digan cómo tenemos que organizarnos y así se lo dijimos al ministro». Señaló que «le hemos pedido que se abra una vía de diálogo, pero que no se ha comprometido a nada». En todo caso, ve «muy poca voluntad política por parte del Estado de dejar la organización interna en manos de los musulmanes». Para Benjelloun, el real decreto está diseñado para dar el «poder absoluto» a Tatary, al que acusa de «traicionar a sus propios hermanos».