Griñán pide al Supremo que anule el auto contra él porque ya no es aforado

Afirma que, por lo tanto, el magistrado no tiene competencia sobre el caso


Madrid / Europa Press

La defensa del expresidente de Andalucía José Antonio Griñán presentó ayer un recurso de apelación en el Tribunal Supremo instando la nulidad del auto por el que el instructor de la causa de los ERE en este órgano, Alberto Jorge Barreiro, procedió contra él un delito de prevaricación administrativa. Considera que el hecho de que en el momento en que se dictó esta imputación formal él ya no era aforado, pues había perdido su condición de senador, por lo que el magistrado ya no tenía competencia sobre el caso.

El instructor Jorque Barreiro elevó a través de un auto los indicios recabados en contra del expresidente andaluz solicitando que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con los excargos de la Junta todavía aforados Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, contra los que solicitó formalmente suplicatorio al Congreso de los Diputados.

Rechaza la prevaricación

En el recurso de 19 páginas, la defensa ejercida por el abogado José María Mohedano señala que no parece discutible que su representado perdió su condición de senador el pasado 15 de junio, y que dicha condición se reconoce en el propio auto del instructor.

El letrado pone en igual duda la «conexión material inescindible» que el instructor aprecia entre Griñán y el resto de aforados a través de la cual trata de mantener su competencia sobre los hechos atribuidos al expresidente andaluz.

Por otra parte, Griñán rechaza que exista prevaricación en los hechos que el juez del Supremo le atribuye, porque de lo que se le acusa concretamente es de haber elevado al Consejo de Gobierno de Andalucía, en su condición de Consejero de Economía y Hacienda, determinadas modificaciones presupuestarias a sabiendas de que se destinaba a abonar ayudas a empresas en crisis que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal.

Recuerda que las citadas modificaciones estaban respaldadas por un informe de legalidad del Interventor de la Junta de Andalucía y que, en todo caso, su aprobación fue dictada por el Pleno del Consejo de Gobierno.

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