Califica de «hilarantes» los argumentos de Interior para darle la semilibertad
11 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno nunca debió poner en la calle a Jaume Matas. Primero se lo dijeron los técnicos de la junta de tratamiento de la cárcel de Segovia, cuyo criterio desoyó el Ministerio del Interior. Luego la Fiscalía, más tarde el juez de vigilancia de penitenciaria y ahora la Audiencia Provincial de Palma, que ya, definitivamente, manda de nuevo a la celda al expresidente balear. La sección primera del tribunal palmesano rechazó ayer el recurso de apelación presentado por la defensa de Matas y confirmó la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid de anular la concesión del tercer grado que Instituciones Penitenciarias le concedió el pasado 31 de octubre.
Pero el fallo de la Audiencia va mucho más allá. Los magistrados no ahorran críticas a la decisión política, que no administrativa, de Interior de poner en la calle a Matas, después de cumplir solo tres de los nueve meses de cárcel a los que fue condenado por tráfico de influencias en la primera pieza juzgada del caso Palma Arena. Y todo ello, sin cumplir ninguna de las condiciones para acceder al régimen de semilibertad que le permite ir solo a la cárcel a dormir de lunes a viernes. «El tercer grado penitenciario -recuerda el tribunal al Gobierno- no es un derecho de gracia ni un indulto atenuado, sino que es una modalidad de cumplimiento, cuando se ha progresado en otras fases iniciales». Los jueces, los mismos que condenaron al exministro popular, son tajantes: en el caso de Jaume Matas, que ingresó en la cárcel de Segovia el pasado 28 de julio, «no se aprecia la superación de los factores que influyeron en su actuar delictivo y, por tanto, la capacidad para asumir el régimen de semilibertad».
«Nada ha cambiado en la conducta del penado», aseguran los magistrados, que desacreditan por completo los argumentos del departamento que dirige Ángel Yuste para progresar de grado al penado. «No creemos que limpiar la celda (una obligación de todos los internos), salir al polideportivo (pese a tener problemas de salud) y apuntarse a un campeonato de frontenis pueda considerarse un tratamiento que modifique la perspectiva criminológica de Jaume Matas», señala la resolución en referencia a la justificación que dio Interior para dejar en libertad al interno. Los jueces llegan a calificar de «hilarante» que Instituciones Penitenciarias «considerara ?tratamiento? el apuntase a un campeonato de frontenis».
La Audiencia Provincial también desmonta las otras dos explicaciones que dio el Gobierno para excarcelar a Matas: que había entrado en prisión voluntariamente y que tenía trabajo y está integrado en la sociedad. Para los jueces, ingresar motu proprio en la cárcel «no significa asunción de responsabilidad, sino la aceptación de su inexorable destino, evitando su detención y conducción al centro por la fuerza pública».
Y del tema de su inserción laboral, sobre la que el Gobierno incidió especialmente, más de lo mismo. «De tenerse en cuenta exclusivamente las posibilidades laborales externas y la inserción familiar se podría llegar al sinsentido de que quien dispusiera de ellas podría delinquir con una cierta impunidad, pues tendría que ser clasificado inmediatamente con un régimen de semilibertad», explica la sección
La Audiencia Provincial de Palma también hace hincapié en que su apoyo familiar desde luego no parece el más adecuado para su reinserción en la calle. «No ponemos en duda que tiene una familia estructurada, aunque es público y notorio que algunos de sus miembros (esposa y cuñados) están imputados en causas de la misma naturaleza que la que ha sido objeto de condena», recuerdan los jueces a Instituciones Penitenciarias.
La resolución también afea al Ejecutivo que no tuviera en cuenta la situación procesal de Matas, al que le aguardan todavía un rosario de juicios en el macrosumario de Palma Arena; que también se olvidará de que su condena, aunque corta, fue por un delito «muy grave», habida cuenta su «repercusión institucional y social» y el «descrédito» al sistema político que generó.