La corrupción le cuesta a España un mínimo del 1 % de su PIB anual

El dinero robado con el urbanismo, las obras y los servicios públicos ha servido tanto para financiar partidos y alimentar redes clientelares como para el enriquecimiento personal


REDACCIÓN/ LA VOZ

Granados, Blesa, Rato, Urdangarin, Bárcenas, Roldán, Juan Guerra, Gil, Naseiro, Pujol y un largo etcétera son protagonistas de casos que acaparan o han acaparado portadas de periódicos y aperturas de telediarios. Ponen cara, nombres y apellidos a la corrupción política, un fenómeno que no es nuevo ni exclusivo en España, pero que de un tiempo a esta parte, en el contexto de la crisis económica, ha crecido de forma exponencial hasta convertirse en el problema que más preocupa a los españoles después del paro.

Y no es para menos. No hay cifras oficiales sobre su repercusión en el conjunto de la economía del país, pero un cálculo que los economistas consultados consideran fiable y bastante prudente es el del profesor alemán Friedrich Schneider, que ha cifrado su alcance en España en torno al 1 % del Producto Interior Bruto, unos 10.000 millones de euros anuales, el equivalente a los recortes en sanidad y educación aplicados por Rajoy en el 2012.

Otros estudios elevan enormemente esa cantidad: tres expertos de la Universidad de Las Palmas la han multiplicado por cuatro, hasta 40.000 millones, según una fórmula que tiene en cuenta cuestiones como su coste social o el efecto nefasto que ejerce sobre la inversión extranjera.

Hay más cifras de referencia. El Banco Mundial estima que el coste oscila entre el 0,5 % y el 2 % de la riqueza nacional en los países de la OCDE. Bruselas calcula que la corrupción cuesta 120.000 millones de euros anuales, el 1,1 % de la riqueza de la Europa de los 28.

Las infraestructuras

Sobrecostes no siempre justificados. Según Julio Rodríguez, miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis, la corrupción en España ha afectado fundamentalmente a los procesos de contratación pública, en especial a la construcción de infraestructuras entre los años 1997 y 2007. La licitación de obra pública, que llegó a los 44.000 millones de euros en el 2006, fue un panal de rica miel. Para acceder a él se pagaba lo que hiciese falta a quien fuese necesario y donde quisiera el destinatario de la dádiva -incluso en paraísos fiscales-, porque luego se podía recuperar a base de reformados de proyectos que justificaban sobrecostes y revisión de precios. Es el caso, por ejemplo, de la construcción del velódromo Palma Arena, en Mallorca, que se licitó en 48 millones de euros y acabó costando 110 millones. Las irregularidades en este caso llevaron a prisión al expresidente balear Jaume Matas.

Los ayuntamientos

El virus del urbanismo. Las 1.700 causas por corrupción que se tramitan en los distintos juzgados, con más de medio millar de imputados, tienen como epicentro los ayuntamientos y muy especialmente los costeros con mayor desarrollo urbanístico. No es por casualidad. Los ingresos fiscales de los ayuntamientos están íntimamente ligados un planeamiento urbanístico en el que el uso del suelo y los volúmenes de edificabilidad adquieren especial trascendencia por las ingentes plusvalías que generan. Este es un caso insólito en Europa, donde los ayuntamientos no tienen competencias en materia de urbanismo. Solo en la primera década de este siglo se han abierto 676 causas por delitos urbanísticos en el conjunto de España. En la Región de Murcia, por ejemplo, una de las comunidades con mayor desarrollo urbanístico en esos años, en más de la mitad de los municipios ha habido algún caso de ilegalidad.

Las externalizaciones

Fiebre privatizadora. A medida que fue decayendo el volumen de negocio de la contratación de obra pública y se fue desinflando la burbuja inmobiliaria, unos casos y en otros en paralelo, fue creciendo la externalización de la gestión de servicios municipales, como el abastecimiento de aguas, la recogida domiciliaria de basuras, la limpieza viaria y de las dependencias municipales, la recaudación de impuestos o los servicios sociales, donde existen. Esa fiebre privatizadora se generalizó con corporaciones de todos los colores políticos. Las adjudicaciones se hicieron en concursos públicos no siempre libres de toda sospecha. Es el caso Brugal, por ejemplo, en el que se investiga una trama de concesión irregular de la gestión de basuras en la provincia de Alicante, adjudicada por más de 400 millones y por 15 años. Están imputados el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y varios regidores, entre ellos la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo. En total, más de 30 militantes del PP alicantino.

Financiación de los partidos

La coartada más socorrida. Política y corrupción suelen ir de la mano con demasiada frecuencia. Del medio millar de imputados en las 1.700 causas abiertas, las dos terceras partes son o han sido cargos públicos.

Hasta hace dos años, el ordenamiento jurídico español no contó con una ley reguladora de la financiación de los partidos políticos mínimamente estricta y sus gastos en sedes, campañas electorales, sueldos y sobresueldos no han hecho más que aumentar.

Los primeros síntomas de la financiación ilegal de los partidos afloraron en 1990 con el caso Naseiro. En el marco de una investigación de narcotráfico, un juez encontró indicios de una presunta concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio de comisiones que se empleaban para financiar al PP. El tema llegó al Supremo, pero lo acabó archivando por defectos de forma.

Por esas mismas fechas, en el PSOE saltó el caso Filesa, una trama de empresas que dieron cobertura a la financiación ilegal de este partido en las campañas electorales del año 1989. Eran 1.200 millones de pesetas (7,21 millones de euros). Ese modus operandi no ha sido exclusivo de populares y socialistas. Casos como Pallerols, Palau y Casinos, entre otros, han surgido vinculados a la financiación irregular de CiU en Cataluña.

El caso más emblemático de la corrupción vinculada a la política es Gürtel. Una investigación iniciada en febrero del 2009 tras las denuncias de un exconcejal del PP de Majadahonda. Estas denuncias destaparon lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del PP a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. La trama estaría encabezada por el cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez, El Bigotes, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la de Madrid, Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.

Esta investigación, que fue el detonante de la expulsión del juez Garzón, está actualmente en manos del juez Pablo Ruz, quien cinco años más tarde ha concluido una de las piezas que permitirá sentar próximamente en el banquillo a 45 de los acusados.

Redes clientelares

Los ERE fraudulentos. El virus de la corrupción no afectó ni afecta solo a políticos. Los interlocutores sociales, sindicatos y organizaciones patronales han manejado en las últimas décadas ingentes cantidades de dinero público procedente del Fondo Social Europeo y del Gobierno, para la formación continuada y de desempleados, una buena parte de los cuales desde siempre han sido destinados a otros fines, que ya acreditó en un voluminoso informe el Tribunal de Cuentas en el año 2001. Más recientemente, la denominada operación Edu investiga el presunto fraude masivo con fondos públicos para formación de desempleados en toda Andalucía. Todo ello, sumado al caso de los ERE fraudulentos, son la muestra más palpable del uso de los dineros públicos para alimentar redes clientelares.

Lucro personal

Un vicio de políticos y apolíticos. Los políticos no se aprovechan del dinero público solo para sus respectivos partidos, sino también, y en muchos casos, exclusivamente para su lucro personal. El último botón de muestra ha sido el de Granados y demás detenidos en la operación Púnica, pero antes ya saltó el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid con Blesa y Rato como protagonistas estelares. Y antes, el escándalo del fraude reconocido por Jordi Pujol y los pelotazos y/o mordidas de al menos tres de sus hijos. Y todo ello precedido del caso Nóos, con el yerno y la hija del rey Juan Carlos como protagonistas.

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