Hasta ahora, Susana Díaz ha sabido transmitir una imagen de regeneración sin romper los equilibrios internos de su partido. Pero a medida que la corrupción le salpica más cerca se le hace mucho más difícil avanzar sin pisar algún charco. Aunque su apoyo a Chaves y Griñán es algo más. Con su defensa de sus antecesores está jugando con fuego y es muy posible que acabe quemándose. La instrucción que la jueza Alaya ha hecho del caso de los ERE es cuestionable en lo que se refiere a los aforados y su tesis de que había una confabulación desde la cúpula del Gobierno andaluz para desviar fondos públicos a sabiendas con vistas a crear y alimentar una red clientelar tendrá que apoyarla en pruebas, o cuando menos indicios sólidos, no en conjeturas o suposiciones. Porque es una jueza, no una tertuliana en un programa de televisión. En su día, Garzón habló de la X de los GAL, pero no osó ponerle nombre.
Sea como sea, sobre la solidez de las pruebas de Alaya en un proceso penal habrá de pronunciarse el Supremo. Y lo primero que debería hacer la presidenta de la Junta de Andalucía es respetar el espacio de decisión del tribunal. Y lo segundo, como responsable de la administración a la que supuestamente le han robado más 800 millones de euros con los ERE fraudulentos, lo que debería hacer es apremiar a que se aclare cómo ha sucedido y quiénes son los responsables. Sin miramientos ni equivocadas muestras de apoyo. Porque incluso aunque ni Chaves ni Griñán hayan cometido delito alguno, a la vista de la acumulación de casos y pruebas de corrupción que afectan directamente a personas muy próximas a ellos, lo que está fuera de toda duda es que si algo se merecen no es un de confianza sino una firme censura política. Al apoyarlos, Susana Díaz ha optado por evitar grietas en su partido en lugar de situarse a la vanguardia de la regeneración. Y con ello se ha colocado en la misma pira que sus predecesores.