No tuvo muchas dificultades el presidente del Tribunal de Cuentas para que los dos grupos mayoritarios dieron por buenos la mayoría de sus argumentos y se limitaran a pedir reformas. Y ello es lógico porque son precisamente los dos grandes partidos quienes nombran a los miembros del tribunal, que requieren la aprobación de los tres quintos de los diputados del Congreso. Y porque esos mismos consejeros nombrados por los partidos son luego los encargados de fiscalizar las cuentas de esas mismas fuerzas políticas. La última renovación del tribunal fue en julio de 2012. De los doce consejeros, siete fueron propuestos por el PP y cinco por el PSOE (uno de ellos, consensuado con IU). No obstante, todos los grupos destacaron ayer la necesidad de acometer cambios en el funcionamiento del tribunal fiscalizador. La diferencia es que mientras el PP se remitió para ello al proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros y el PSOE dejó en manos del propio tribunal la depuración de responsabilidades por las posibles irregularidades, otros grupos como CiU o la Entesa reclamaron la creación de una subcomisión parlamentaria para analizar lo sucedido. El más crítico fue el grupo de la Izquierda Plural, que exigió la dimisión de los consejeros del organismo fiscalizador y les reclamó que «den al pleno la oportunidad de elegir un nuevo equipo para que la gestión sea más clara y transparente».