El Consejo del Poder Judicial avala, contra el criterio general, el aforamiento del rey

Lo justifica por circunstancias sobrevenidas y la «relevancia de Estado» del monarca


Redacción / La Voz

La ley orgánica que formaliza la abdicación del rey superará hoy su último trámite parlamentario con el bajo perfil político que el Gobierno ha aplicado a todo el proceso para evitar más polémicas. Ni Mariano Rajoy ni ningún otro miembro del Ejecutivo intervendrá en el Senado para defender el proyecto de ley, que será aprobado por la Cámara alta con una mayoría aún más holgada que en el Congreso, donde recibió el apoyo de un 85 % de los diputados. Al proyecto de ley se han presentado tres vetos (IU, Iniciativa y ERC), que no prosperarán. Una vez aprobado, ya solo faltará que el rey sancione la ley, lo que hará mañana, para que la abdicación se haga efectiva.

A partir de ese momento, don Juan Carlos, aunque mantendrá el título de rey, perderá la inviolabilidad con la que, según el precepto constitucional, se ha visto protegido hasta el momento. La intención del Gobierno de blindar a los reyes con un aforamiento que hasta ahora no estaba previsto recibió ayer el informe favorable del comité permanente del Consejo General del Poder Judicial, que aún deberá confirmarlo en el pleno del próximo día 26. Aunque la pretensión del Ejecutivo es ejecutarlo mediante una ley orgánica ad hoc que sea aprobada mediante un procedimiento urgente similar al empleado para la ley de abdicación, el informe preceptivo del órgano de gobierno de los jueces se refiere al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial al que el Consejo de Ministros dio el visto bueno el pasado mes de julio, y que prevé por primera vez el aforamiento de miembros de la familia real.

El Consejo del Poder Judicial señala en su informe que, como criterio general, el aforamiento debe cesar cuando el beneficiario abandone el cargo por el que gozaba de ese privilegio, ya que se trata de una condición personal. Es más, precisa que «el aforamiento no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña». Sin embargo, y en contra de estos principios, el órgano de gobierno de los jueces considera «necesario regular el estatuto jurídico» de don Juan Carlos y de doña Sofía «por circunstancias sobrevenidas» y porque se trata de «personas consideradas de la máxima relevancia del Estado». El anteproyecto prevé extender el aforamiento a la futura reina Letizia y a la infanta Leonor, a la que el informe propone que se aluda con una referencia expresa a que es la «princesa heredera».

La pretensión del Gobierno de blindar al rey es previsible que cuente solo con el apoyo del PSOE. El resto de los grupos han mostrado su rechazo a que se introduzca una «excepción al mandato constitucional de igualdad ante la ley» que «vulneraría, sin causa objetiva alguna, un aspecto básico del Estado de derecho», según escribe Cayo Lara, coordinador genera del IU, en una carta que ha enviado al presidente del Gobierno.

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