El Defensor del Pueblo insta a que cesen ya las expulsiones en caliente

Exige que la Guardia Civil entregue a los inmigrantes a la policía


Madrid / Colpisa

Soledad Becerril y su equipo no tiran la toalla con el tema de las expulsiones en caliente de inmigrantes a través de las vallas de Ceuta y, sobre todo, Melilla, a pesar de que el Ministerio del Interior hace caso omiso a los llamamientos de la oficina del Defensor del Pueblo para que el Gobierno cumpla con la ley.

La institución, esta vez a través de su número dos, el socialista Francisco Fernández Marugán, ha reclamado una vez más al departamento que dirige Jorge Fernández que ordene a la Guardia Civil el cese inmediato de las deportaciones exprés de los subsaharianos que son detenidos en las vallas y que son entregados, a través de las puertas de los perímetros fronterizos a las autoridades marroquíes. La oficina del Defensor, en respuesta a una queja presentada por la oenegé Coordinadora de Barrios tras la repatriación de veinte africanos que se encaramaron al vallado melillense el pasado día 3, insta de nuevo al Ministerio de Interior para que imparta instrucciones precisas a los miembros de la Guardia Civil para que todos los extranjeros que sean detenidos intentando entrar en España sean puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, como establece la ley de extranjería.

Fernández Marugán hace un nuevo llamamiento al Gobierno para que «imparta instrucciones a fin de que se recuerde a todos los efectivos que prestan servicio en la frontera de la ciudad autónoma de Melilla que cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España la respuesta debe ser por parte de la Guardia Civil la puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería».

Interior hace caso omiso

Hasta ahora, todas las quejas del Defensor del Pueblo han caído en saco roto. El pasado 9 de abril, Becerril dejó claro en el Senado que cree que el Gobierno vulnera la ley de extranjería y los derechos de los extranjeros cuando permite que los agentes marroquíes se lleven a los subsaharianos encaramados en las vallas o cuando los devuelven los guardias civiles.

Un día después, el ministro del Interior minusvaloró e ignoró las críticas y garantizó que la Guardia Civil iba a seguir deportando por su cuenta inmigrantes detenidos en las cercanías de las vallas o recién llegados a las playas de las dos ciudades autónomas porque las vallas no son territorio español. Fernández Díaz llegó a manifestar que si las alambradas estuvieran en suelo español no habría hecho falta entonces levantar la segunda valla.

En una interpretación rechazada también por numerosos juristas, llegó a señalar, cuando los trágicos sucesos de Ceuta del pasado 6 de febrero, en los que catorce inmigrantes perecieron ahogados cuando intentaban acceder a España, el ministro llegó a decir en el Congreso que consideraba que no se había entrado en suelo español hasta que se traspasaba el cordón de seguridad establecido por los guardias civiles que intentaban evitar la entrada de los inmigrantes.

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