El dictamen de la Comisión Europea da la razón a España en lo que afecta al reforzamiento de los controles en la frontera de La Línea de la Concepción, pero no soluciona el problema principal que dio origen al conflicto, que es la decisión unilateral de las autoridades gibraltareñas de arrojar bloques de hormigón que impiden faenar en la zona a los pescadores españoles. Ese hecho está siendo analizado por la Comisión tras la queja presentada por España. La crisis originó este verano una escalada de tensión entre Londres y Madrid como no se conocía desde hace años, pero ha ido perdiendo fuerza sin que en realidad se haya producido avance o acercamiento alguno de posturas. El único que parece ya interesado en mantener la tensión es el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que aseguró en octubre ante la ONU que España había puesto en práctica una «campaña de odio» contra el Peñón con «incendios y daños» y hasta «disparos contra gibraltareños inocentes».
El informe de los expertos es en realidad un brindis al sol que, si bien le evita a España el baldón que habría supuesto que Bruselas la acusara de violar la legislación comunitaria, deja las cosas como estaban y se limita a pedir a españoles y británicos un ejercicio de buena voluntad y un mejor entendimiento. Algo que el Gobierno aprovechó ayer para ver en ello un reconocimiento de que la cuestión de Gibraltar es un tema bilateral entre España y Reino Unido. Se trata de meras recomendaciones que carecen de cualquier capacidad coercitiva y sancionadora en caso de incumplimiento. Y tampoco valora el informe si hay una motivación política tras los controles, como sugería Londres. La Comisión asegura que dentro de seis meses volverá para hacer una nueva inspección y comprobar si se han puesto en marcha sus recomendaciones, pero no anuncia tampoco como procederá en caso de que compruebe que todo sigue igual. La reacción británica da a entender que no tiene ninguna intención de colaborar con España, como le piden.