Mañana comienza un año judicial que el ministro quiere aprovechar para aprobar proyectos de tanto calado como el rechazo que suscitan
15 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El salón de plenos del Tribunal Supremo acogerá mañana el solemne acto de apertura de uno de los años judiciales más movidos de las últimas legislaturas, en el que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, volverá a ser el personaje estelar. En su agenda está el convertir en proyectos de ley unas iniciativas legislativas de gran calado con las que pretende dar un vuelco a la Administración de Justicia española, que para bien y/o para mal será revolucionario. Los anteproyectos que pretende llevar al Consejo de Ministros este otoño, como paso previo a su remisión a las cámaras, son la reforma del Código Penal, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, la Ley de Justicia Gratuita y la reforma de la Ley del Aborto. También quiere culminar otras reformas de envergadura, aunque menos mediáticas, como la Ley del Estatuto de la Víctima y la del Enjuiciamiento Civil.
Código Penal
Otra vuelta de tuerca. Este mismo mes será aprobado por el Consejo de Ministros un anteproyecto para reformar, otra vez, un Código Penal que ha sido puesto al día hace menos de dos años. Los cambios propuestos, según sus promotores, pretenden una revisión profunda del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, la multi reincidencia y los delitos más graves. Entre otras novedades, incorpora la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad. Una medida cuya necesidad, según el informe emitido recientemente por el Consejo de Estado, no está justificada; aunque no la considera inconstitucional, una objeción que sí apuntaron en su día el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial en sus respectivos análisis. También se propone incluir por primera vez en el sistema penal español la custodia de seguridad, una medida privativa de libertad para casos excepcionales que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del penado. Contempla igualmente un endurecimiento de las penas para autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves. Asimismo, Prevé dejar fuera del ámbito penal las faltas, salvo aquellas que sean merecedoras de un reproche penal que serán tratadas como delitos leves.
Código procesal penal
La gran revolución pendiente. El gran reto al que se enfrenta el ministro más polémico del Gobierno Rajoy es lograr la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la decimonónica de Alonso Martínez. Previsiblemente pasará a denominarse Código Procesal Penal y, según anunció el propio ministro en la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 7 de mayo, refundirá tres textos legales en vigor: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley del Jurado y la del hábeas corpus. Una de las principales novedades que incluye el borrador elaborado por una comisión de expertos y que el Ejecutivo parece dispuesto a asumir -en la oposición en cambio no la aceptaban- es que el fiscal asuma la investigación de las causas penales. Ello, según se encargó de precisar el ministro en la propia comisión, no va a significar que el fiscal sustituya al juez instructor, sino que, simplemente, asumirá la dirección de la investigación en causas penales y se creará un juez de garantías que asumirá las funciones actuales del juez instructor.
Tribunales de instancia
El nuevo mapa judicial. Si en algo existe consenso en el ámbito de la Administración de Justicia es en que el mapa judicial que contempla la Ley de Planta y Demarcación Judicial no se corresponde con la realidad actual del país. El Consejo General del Poder Judicial elaboró el año pasado una propuesta de nuevo mapa judicial en la que reducía drásticamente el número de partidos judiciales y que generó una fuerte contestación. No fue asumida por el ministerio, que puso el tema en manos de un comité de expertos. Este hizo una propuesta en la que se apuesta decididamente por los tribunales de instancia de ámbito provincial. Gallardón la comparte y asegura que no implica cierre de sede judicial alguna, lo que a más de uno llevó a decir que sería tanto como la cuadratura del círculo.