El exinterventor señaló al consejero de Hacienda como quien «cebó sin descanso la corrupta partida» de los ERE, pese a que, según esgrime la Junta, Intervención daba el visto bueno a las modificaciones presupuestarias. A juicio de Gómez, era «absolutamente impensable» que el consejero desconociera lo que sucedía, aunque, dijo, puede que ignorase el detalle concreto. Sin embargo, Martínez Aguayo ya explicó hace tiempo que ella fue quien atajó esos informes y no los elevó a su superior al no considerarlos relevantes por no detectar menoscabo de fondos. Griñán aseguró lo mismo bajo juramento en el Parlamento. Alaya, sin embargo, echa por tierra tal versión: «Sabemos que el consejero de Hacienda leyó esos informes», dijo al exinterventor. La jueza le preguntó por qué no emitió informes de actuación que obligaban a adoptar medidas y se quedó en advertencias. «Habrían acabado en un cajón, como el resto», señaló para añadir que no estaba obligado. Alaya le reprobó su indolencia.