Pese a la reciente reforma de la financiación de los partidos, la falta de transparencia en la Ley de Contratos de las Administraciones sigue siendo un coladero de comisiones ilegales
19 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El caso Gürtel ha puesto al descubierto el descontrol en la financiación de los partidos políticos y las carencias de las leyes que la regulan. A pesar de la última reforma del 2012, que restringe las donaciones, sigue habiendo enormes lagunas legales que los partidos utilizan para financiarse al margen de la ley.
¿Como se financian legalmente los partidos políticos españoles?
El 80% de la financiación de los partidos españoles es pública y se recibe en función de los resultados electorales. El otro 20% procede de manos privadas, a través de cuotas de militantes, donaciones de particulares o empresas y préstamos de entidades bancarias. Las cuotas de los militantes no representan ni siquiera el 10% de los ingresos de los partidos en España. Con la última reforma, las subvenciones a las fuerzas políticas bajaron un 40% en dos años, pero solo por la representación estatal, no por la autonómica o municipal, que siguen igual.
¿Puede repetirse un caso como Gürtel o surgir un nuevo Bárcenas con la legislación actual?
Ninguna ley de financiación de partidos podría impedir que se repitiera algo parecido. La clave de este caso no está en que se vulneraran los límites en las donaciones recibidas por el PP, que también se hizo, según las investigaciones, sino en el hecho de que el partido recaudara presuntamente donaciones en una contabilidad B y, por tanto, opaca a cualquier tipo de control, a cambio de contratos públicos. Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas y miembro del Greco (Grupo de Estado contra la Corrupción), considera que «sin duda alguna sería posible un caso similar». Según este experto, el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones es una de las vías más habituales de financiación ilegal. Y es la ley que regula los contratos de la Administración la que debería reformarse para extremar los controles y aumentar la transparencia.
¿Pueden financiar a los partidos las empresas que reciben contratos?
Las empresas que reciben adjudicaciones o contratos públicos no pueden financiar a partidos. Pero sí pueden financiar sin límite alguno, incluso después de la reforma, a las fundaciones que dependen de las fuerzas políticas. Y ese agujero es usado para saltarse las limitaciones. Hasta ahora, el descontrol en la fiscalización de esas fundaciones era absoluto. La nueva ley fija al menos que el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos sus ingresos, y no solo las donaciones, y las obliga a hacer públicas sus cuentas anualmente y a comunicar a Hacienda todas las donaciones, públicas y privadas. Pero, según Jiménez, las fundaciones siguen sin estar bien reguladas y continúan siendo «un agujero negro sobre el que no hay un control suficiente».
¿Qué papel juegan los bancos en la financiación irregular de los partidos políticos?
Las entidades bancarias han sido uno de los instrumentos más utilizados para saltarse los límites y financiarse de manera irregular. La ley permitía a los bancos condonar deudas sin límite a los partidos. Los préstamos condonados se convertían así en donaciones legalizadas, a veces por sumas enormes. Los grandes partidos con poder en las Administraciones han sido los más favorecidos por los bancos. A partir de la nueva ley, se limita a 100.000 euros anuales la deuda que los bancos pueden perdonar a las formaciones políticas, equiparándola así al límite para las donaciones privadas.
¿Hay mecanismos legales para impedir y sancionar la financiación irregular?
Hasta ahora, el Tribunal de Cuentas se limitaba a fiscalizar los balances -sin hacer públicas las donaciones-, pero carecía de capacidad sancionadora. Ahora, en teoría, puede imponer sanciones que, en el caso de las donaciones, pueden llegar al doble de la cantidad excedida. Pero la realidad es que esas sanciones nunca se harán efectivas, ya que la ley establece un plazo de prescripción de cuatro años desde que se comete la infracción. Dado el enorme retraso con que el Tribunal de Cuentas presenta sus informes -el último, aportado en junio del 2013, es sobre la financiación del 2008-, en la práctica los partidos tienen vía libre para saltarse la ley sin sanciones. Según el profesor Jiménez, el tribunal debería gozar de verdaderos poderes de inspección, «incluyendo el registro de las sedes de los partidos».
¿Es el Tribunal de Cuentas independiente de los partidos políticos?
No. Al contario. Todos los consejeros del Tribunal de Cuentas son nombrados por los partidos. Y la gran mayoría de ellos han sido diputados, senadores o cargos públicos en sucesivos Gobiernos. El propio Bárcenas ha declarado que el ex presidente del Tribunal de Cuentas Ubaldo Nieto donó en el 2004 300.000 pesetas al PP y que ese dinero acabó en la caja B del partido. De los doce consejeros actuales, seis fueron propuestos por el PP, cuatro por el PSOE, uno por consenso entre ambos y otro acordado entre socialistas e IU. Además, los miembros del tribunal no tienen límite en el número de años que pueden estar en el cargo ni en la edad para ejercerlo. Juan Velarde, que fue consejero hasta el 2012, tiene 86 años y estuvo en el tribunal durante 21. Mientras tanto, trabajó para la fundación Faes, del PP. Otro de los consejeros era Luis Martínez Noval, que fue ministro del PSOE.