Feijoo impone su tesis de introducir solo criterios económicos

G. B. MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

28 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Rajoy y sus barones no avanzaron ayer casi nada. Pero, leyendo el escueto comunicado final, si hay alguien que haya visto recogidas sus tesis es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que fue quien centró su reivindicación en que los topes de déficit de cada comunidad se fijen con criterios «objetivos». Esa referencia implica ya que va a haber límites diferenciados, con lo que presidentes autonómicos como el extremeño Monago, que ayer mismo insistía en que debe haber un mismo límite para todos, han empezado a perder la batalla.

Feijoo salió ayer satisfecho. A la salida de la reunión aseguró que tras lo acordado en Génova ya no tienen cabida «criterios bilaterales o políticos», sino solo «criterios económicos y pactados entre todos». ¿Y qué significan esos criterios objetivos para el reparto del déficit que reclama la Xunta? Pues la introducción de factores correctores en el reparto de los topes, entre los que la Xunta pretende que estén el peso poblacional, los ingresos corrientes de cada comunidad o la población corregida en función del PIB per cápita.

Feijoo ha logrado además acercar sus criterios con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ayer garantizó a todos los barones populares que ninguna comunidad que haya cumplido con los objetivos de déficit saldrá perjudicada con los nuevos topes asimétricos. Pero, al margen, Feijoo seguirá exigiendo compensaciones a través de otros fondos para las comunidades que han cumplido los objetivos.

La tensa comida en Génova sirvió también para comprobar que el madrileño Ignacio González empieza a acercarse a Rajoy. Ayer ya no descartó que Cataluña pueda acabar teniendo un margen mayor de déficit y admitió que esto puede ocurrir para solucionar situaciones «especialmente complejas». Su propuesta es que sea el Estado el que ceda una parte de su margen para ayudar a las que tienen problemas y no el resto de comunidades. Y esa solución es precisamente la que parece abrirse camino. La aportación que tendría que hacer el Estado en ese caso se acercaría a los 3.000 millones de euros.