El presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, afirmó ayer que no considera «normal ni aceptable» que imputados en el caso de los ERE fraudulentos lleven tres años sin declarar ante la jueza, aunque «de momento» no ve motivo para expedientar a la instructora, Mercedes Alaya. Moliner, de visita de trabajo en Sevilla, dijo a los periodistas que les «preocupa y ocupa» el atasco existente en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital andaluza, y por ello están tomando «cartas en el asunto para que funcione adecuadamente».
Aseguró, no obstante, que no les consta que Alaya lo esté haciendo mal sino que tras su baja por enfermedad tiene «agobio de trabajo». «De momento ni se nos ha ocurrido abrir un expediente porque buscamos solucionar el problema y no crear otro», anotó Moliner, también presidente del Poder Judicial. Los retrasos en las macrocausas (ERE, Mercasevilla, la gestión de Lopera en el Betis) que instruye Alaya «se pueden corregir», concluyó.
Moliner agregó que no habrá discontinuidad alguna en este juzgado cuando el actual magistrado de apoyo, Rogelio Reyes, se traslade en unas semanas a Dos Hermanas, cuya plaza obtuvo por concurso. El Tribunal Superior de Andalucía tiene establecido un refuerzo para Alaya, «y si hace falta se pondrán más», recalcó Moliner, para precisar que no se puede obligar a la jueza a aceptar los jueces de refuerzo si no los desea, ya que se interferiría en su independencia judicial.