En un contexto de honda recesión y sin apenas visos de recuperación, las medidas adoptadas son un brindis al sol
28 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Lo que más sorprende de la economía española, tras cinco años de depresión, es el ritmo tan intenso en la destrucción del PIB y del empleo. El año pasado se produjo casi un 2 % menos que en el 2011 y se anotaron al paro 825.000 trabajadores. En lo que respecta al 2013, todo indica que la situación se volverá a repetir: un 1,5 % menos de producto y 500.000 desocupados más. La otra cara de esta situación está en el déficit público: el 2011 cierra con el 9 %, el 2012 con el 7 (10,5 si se tienen en cuenta las ayudas a la banca) y el 2013 superará el 6 % del PIB español. Realmente llama la atención lo drástico de los ajustes en la economía real (y en lo que depende del mercado), frente a lo lentos que están siendo los ajustes macroeconómicos en aquello que depende del Gobierno. No quiero ser ave de mal agüero, pero me da la impresión de que esto llega a los siete millones de parados y con la deuda pública en el 100 % de nuestro PIB. Ojalá esté equivocado.
En este contexto, el último Consejo de Ministros adoptó una serie de medidas que, tomadas en su conjunto, son un brindis al sol. Sin embargo hay decisiones que tienen algún calado. Quizás la más importante sea la futura Ley de Desindexación de la Economía Española que, para entendernos, eliminará de los contratos públicos las actualizaciones obligatorias con el IPC. Esto sí que es una medida de reforma estructural: en un contexto de moneda única, en el cual el viejo marco alemán domina toda el área euro, las actualizaciones vía IPC carecen de sentido ya que la inflación es baja (recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo es del 2 % anual).
Es más, en el sur de Europa (España incluida) las inflaciones más elevadas que en el centro tienen una causación endógena y perversa. Es la propia defensa de la capacidad adquisitiva de los salarios, pensiones, alquileres, etcétera, la que genera ese añadido de mayor inflación en España respecto de Alemania. La mala noticia es que esta desindexación, en principio, no afectaría ni a los salarios públicos ni a la actualización de las pensiones. Los sueldos se discutirán con los Presupuestos Generales del Estado y la actualización de las pensiones, dentro del marco de la reforma de estas últimas (en el programa del llamado factor de sostenibilidad). Tengamos en cuenta que los salarios públicos y las pensiones son capítulos del gasto público determinantes en el control del déficit. En otras palabras, lo realmente importante se aplaza para más adelante.
Sociedades
Otra reforma estructural importante es la modificación del impuesto de sociedades, reduciendo las facilidades fiscales para el endeudamiento de las empresas. En España se está dando una situación paradójica, sobre todo en las multinacionales. Ya que aquí las desgravaciones al endeudamiento eran muy amplias, las compañías se endeudaban en España aunque fueran a invertir el crédito obtenido en el extranjero. Esta especie de paraíso fiscal para el endeudamiento de las empresas había que corregirlo inmediatamente.
También se aprobó la creación de una autoridad fiscal independiente -léase una especie de Tribunal Constitucional de las cuentas del Estado- en línea con las recomendaciones que viene realizando Bruselas desde hace ya meses, en aras del autocontrol del déficit y de la deuda.
El resto de las medidas son un brindis al sol: el apoyo a los emprendedores, el fomento de la internacionalización de las empresas, los códigos del buen gobierno corporativo, la reforma de la Administración pública (sobre todo local), etcétera. Lamentablemente forman parte de un ritual litúrgico que, desde hace ya tiempo, resulta muy tedioso y aburrido.
Unidad de mercado
De todas formas, en las medidas hay algo que sería realmente divertido, si no fuese por lo dramático de la situación. Y es la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Esta ley trata de garantizar la libertad de circulación y de establecimiento dentro del territorio nacional. Hasta aquí hemos llegado. Cuando ambas directrices forman parte de los principios constituyentes de la Unión Europea, los españoles tenemos que remarcar por ley que eso también funciona aquí. En otros términos, y hasta ahora, un valenciano podía establecerse en Zaragoza, no por el hecho de ser español, sino por ser comunitario. No me cabe duda de que esta ley puede ser pertinente, sobre todo a la luz de los problemas que ha habido con la regulación de los mercados y los límites a la competencia en los espacios autonómicos. Ahora bien, la misma necesidad de esta ley nos está diciendo que hay algo que estamos haciendo mal. Rematadamente mal.
Una última reflexión. A mi juicio, tanto en la vida como en la política, tarde o temprano hay que hacer una elección: escoger entre ponerse una vez rojo o cincuenta colorado. Me da la impresión de que este Gobierno ha escogido la última opción.
Julio Sequeiros es economista