La jueza Mercedes Alaya muestra la existencia de una trama corrupta organizada, lo que pone contra las cuerdas al presidente Griñán
02 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«Las piezas del puzle empiezan a encajar». De esta forma se expresaba en uno de sus últimos autos Mercedes Alaya, una jueza de 49 años con fama de distante y decidida, que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público en Andalucía. El salto cualitativo que le estaría permitiendo aclarar el monumental escándalo, en el que se calcula que se han defraudado 140 millones de euros de las arcas de la Junta, son los hallazgos sobre el pago de comisiones «elevadísimas» por parte de la Administración autónoma a intermediarios y aseguradoras. Las nuevas revelaciones ponen contra las cuerdas al presidente, el socialista José Antonio Griñán, al que el Partido Popular trata de acorralar definitivamente.
El «verdadero negocio»
El cobro de esas comisiones es, según la jueza, el «verdadero negocio», «el verdadero alimento» de lo que califica como «trama corrupta», en la que actuaban, según los indicios de los que se disponen, «la autoridad pública, que permitiría la ilícita disposición de los fondos, así como los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio».
La investigación de estas sobrecomisiones se ha unido al sumario de los ERE, en el que ya hay sesenta imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta. Entre los pasados días 20 y 23, tras regresar de una baja laboral de seis meses, Alaya envió a la cárcel a siete de los 22 detenidos en la nueva fase de investigación, entre ellos el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, el ex sindicalista Juan Lanzas y tres ex directivos de la aseguradora Vitalia, mediadora en los ERE.
La instructora ha decidido prorrogar por quinto mes consecutivo el secreto sumarial sobre la nueva fase de investigación, que se centra en el cobro de esas subcomisiones por parte de las aseguradoras que gestionaban los expedientes.
La responsabilidad de Griñán
Según avanzan las investigaciones, el cerco se va estrechando sobre el presidente andaluz y también del PSOE, José Antonio Griñán. ¿Es posible que el que fuera consejero de Economía y Hacienda desde el 2004 hasta el 2009 no supiera nada sobre la trama de saqueo de dinero público en la que estaban involucrados varios altos cargos del Gobierno andaluz? Al contrario que Mariano Rajoy, que ha optado por el mutismo sobre el caso Bárcenas, Griñán no ha evitado comparecer en público en numerosas ocasiones y en una comisión de investigación parlamentaria, siempre para negar cualquier tipo de implicación personal y poner en valor que fue precisamente él quien denunció ante la Justicia las irregularidades. De nuevo va a comparecer ante el Parlamento andaluz. Incluso ha tenido un gesto de cara a la galería al retar al PP a crear una investigación conjunta sobre los ERE y el caso Bárcenas en el Congreso.
El «cajero de los ERE»
Explicaciones que no convencen en absoluto al PP, que le acusa de mentir desde el principio y considera que tiene una clara responsabilidad cuanto menos política en el escándalo. Tras la operación Heracles desarrollada estos últimos días por Alaya, los populares andaluces han redoblado sus ataques al presidente de la Junta. Su líder, Juan Ignacio Zoido, lo ha acusado de ser el «cajero de los ERE» y su portavoz, Carlos Rojas, le ha señalado como la «X» del puzle de los ERE y ha vaticinado que responderá ante la jueza.
Las batalla política
Los ERE marcan de nuevo la agenda política andaluza y tienen una importante repercusión en la nacional. El renovado impulso que ha dado a la investigación Alaya, con nuevas e importantes revelaciones, supone un balón de oxígeno político para el PP. Y es que el caso Bárcenas lo ha puesto tan a la defensiva hasta hacerle prácticamente enmudecer, como muestra que las habituales ruedas de prensa de los lunes en la sede nacional de Génova 13 lleven más de un mes sin celebrarse. Ahora tiene munición con la que contraatacar, aunque sea con el tan recurrido «y tú más».
Para el PP andaluz es también una fenomenal baza, ya que de estar claramente a la baja -con un Zoido que no ha logrado consolidar su liderazgo y un Javier Arenas tocado por el caso del extesorero- ha pasado a la ofensiva y no está dispuesto a dejar la gran pieza de caza mayor que es Griñán. Para los socialistas es todo lo contrario, ya que contrarresta su mensaje de identificar a sus adversarios con las tramas de corrupción. Pero, además, afecta al hombre fuerte del PSOE, el barón con más fuerza y peso, el principal valedor de Alfredo Pérez Rubalcaba, al menos de momento.
Los cerebros de la trama
Pero más allá de la alta política, de la larga y compleja investigación judicial han surgido, hasta ahora, tres personajes fundamentales en la trama corrupta. Son Javier Lanzas, el conseguidor, exsindicalista de UGT hasta el 2002, que ha logrado amasar una fortuna de 13,4 millones gracias a las comisiones ilegales; su gran amigo Javier Guerrero, director de Trabajo de la Junta entre 1999 y el 2009, que repartió discrecionalmente 721 millones de euros ; y Antonio Albarracín, el comisionista, ex directivo de la consultora Vitalia.
Dos amigos complementarios
Fue Guerrero el que en una declaración ante la policía denominó como «fondo de reptiles» la llamada partida 31L de los presupuestos de la Junta, con la que se pagaban las subvenciones a las empresas y a los trabajadores para que se prejubilaran. Locuaz, divertido, juerguista, con una gran capacidad negociadora y siempre dispuesto a utilizar generosamente los fondos públicos para los ERE, se complementaba perfectamente con Lanzas, un hombre con contactos e influencias después de 23 años en UGT, 12 de ellos con cargos. Lanzas era el conseguidor que mediaba ante las empresas y Guerrero el que desde su despacho autorizaba los ERE, con comisiones de hasta el 30 % a Vitalia, consultora que emerge ahora como clave en la trama.
Aparte de ese trío, hay otros protagonistas, como Antonio Fernández, que fue responsable de Empleo entre el 2004 y el 2010; o el que fue chófer de Guerrero durante nueve años, Juan Francisco Trujillo, que habría obtenido 1,3 millones.