El rumor es insistente y razonado: «El próximo Pontífice puede ser un español porque es la única forma de garantizar que no dimita». Es un chiste, claro, pero forjado en la experiencia política y empresarial de este país. Aquí no dimite nadie. Tanto da que los indicios de delito resulten evidentes, o que la presión social lo exija. A Felipe González, en trece años de gobierno, le dimitieron un ministro, Vicente Albero, y el gobernador del Banco de España por irregularidades fiscales menores. A Aznar, un ministro, Manuel Pimentel, y el diputado oscense Luis Acín, en disconformidad con el apoyo a la guerra de Irak. Dos excepciones honrosas cuyo gesto nadie agradeció. A Zapatero, no le dimitió nadie, que se sepa, y a Rajoy tampoco, con la que tiene liada en su partido, aunque a ambos se les fugó Rodrigo Rato del Fondo Monetario Internacional sin que se conozcan las razones. Tanta prisa, verdad, para terminar en Bankia. Sumen a ello el episodio penoso de las cajas de ahorro y convendrán que este es el país del mundo en el que menos se dimite. El chiste que circula sobre el futuro Papa es, en realidad, una denuncia.
Pero no solo no se dimite sino que hay quien, contra las cuerdas, contraataca ferozmente. Luis Bárcenas, por ejemplo. Cada dos semanas demanda al PP, que si despido improcedente, que si maltrato laboral... «Rajoy y compañía deben cuidarse, porque Bárcenas no es Correa. Correa ha aguantado tres años de cárcel -asegura alguien que lo conoce de los negocios- y ni habla ni hablará.» El extesorero del PP, sin embargo, hace días que dejó clara su estrategia: si van contra él, y de hecho compiten varios jueces por hacerse con el caso, tratará de arrastrar a quien pueda. Lo que vamos conociendo, insinúa, son pequeñas entregas de lo que puede revelar.
La división interna en el PP crece porque la crisis Bárcenas provoca discrepancias sobre cómo afrontar su desafío, más allá de la lógica decepción de la militancia. «Todo esto me parece sencillamente una asquerosidad», expresa dolida una exdiputada popular asturiana. Deben estar preparados los populares para más decepciones, porque el extesorero hace saber que todo esto es el aperitivo. Y la policía ya ha logrado conectar el caso Bárcenas con el caso Gürtel. La lista de viajes pagados por la agencia de Correa a cargos del partido no tiene porque limitarse a la familia Sepúlveda-Mato y, por el mismo criterio, la trama de Correa y el gallego Crespo, con conocimiento al parecer de Bárcenas, no tuvo porque limitarse a pagar comuniones. ¿Por qué comuniones y no bodas, por ejemplo? Son hipótesis corrosivas que se manejan a la vista de que la estrategia de defensa de Bárcenas se revela agresiva mientras que la de Correa se basa en el silencio y en la confianza de que procesalmente se irán eliminando pruebas y acotando posibles responsabilidades. Total, ya ha estado tres años en la cárcel, que se descontarán de su posible condena.
El desconcierto es tal que mientras hay quien asegura que el caso Gürtel quedará en nada, otros estiman que llegará hasta las próximas elecciones y algunos pronostican que se llevará por delante a la actual cúpula popular, y de ahí para atrás, aunque los que mandan ahora, Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, se encontraran el pastel y no participaran de la fiesta, por lo menos conscientemente.
Sería deseable que la Justicia resolviera este asunto cuanto antes. La erosión afecta al partido que gobierna, pero también a la política en general. Tenía razón Felipe González: «La crisis institucional es peor que la económica». Que ya es decir.
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