Antes de llegar al ministerio, ya aprobó una decena de polémicas tasas como alcalde de Madrid y en la comunidad introdujo el céntimo sanitario
16 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.«Gobernar, a veces, es repartir el dolor». La frase es de Alberto Ruiz-Gallardón. Con toda la Administración de Justicia unida contra sus reformas, el ministro abandonó su discurso habitual para recordar que por mucho que protesten la realidad económica obliga a tomar decisiones difíciles como la subida las tasas judiciales y que sin este canon, que aumenta los pagos entre 50 y 750 euros, no se podría financiar la Justicia gratuita. Esta apelación al sufrimiento sobrevenido sonó a música conocida en el antiguo Ayuntamiento de Madrid. En la planta donde aún están las oficinas de la oposición lo asimilaban a sus alegatos como alcalde cada vez que sacaba una tasa de la chistera. Y no fueron pocas en sus ocho años en al frente del consistorio. Basuras, vados, servicios de emergencias, multas, grúas, parquímetros, a las telefónicas por usar la vía pública, residuos industriales, envases, vidrios. Un listado concentrado en dos legislaturas (2005-2011) y que fue lanzado conforme sus grandes obras tomaban forma. Esta fuente de financiación no frenó la monumental deuda.
«Su voracidad recaudadora no tenía fin. Decía que los gravámenes tenían como misión financiar la totalidad del servicio prestado y en realidad se destinaba a tapar los agujeros que dejaban sus megalómanas obras», señala la edil socialista Noelia Martínez, en el Ayuntamiento desde 1997. Martínez recuerda que la llegada de Gallardón en el 2003 vino acompañada de una tormenta política. Tras dos mandatos como presidente de la comunidad, una de sus últimas medidas fue la aprobación del céntimo sanitario en el 2002. La primera autonomía que subía un céntimo de euro el litro de la gasolina para financiar el Plan Integral de Sanidad.
Ángel Pérez, portavoz de IU, lo conoce bien, ya que coincidieron en la comunidad y en el consistorio hasta que el alcalde fue reclutado por Rajoy. Pérez afirma que su gestión estuvo marcada por el endeudamiento desaforado. «Llegó a la comunidad con 2.700 millones y se fue con 8.000, mucha adquirida por la ampliación del metro, y a la alcaldía accedió con 1.200 y ahora está por encima de los 7.000 millones, la mayoría por el soterramiento de la M-30». Con las arcas municipales «intervenidas» hasta el 2015 y el pago de esta obra empeñado «35 años», según Pérez, Gallardón buscó dinero bajo las piedras.
Según la Agencia Tributaria, entre 1990 y el 2012 el Ayuntamiento aprobó 20 tasas, la mitad con Gallardón, y varias tuvieron contestación en los tribunales por desproporción o condiciones abusivas. Este año el Supremo tumbó la tasa de vados, que contenía subidas por garaje de hasta 1.100 euros, o el multazo, que incrementó un 50 % las infracciones de tráfico. Hasta que no hubo decisión firme el consistorio siguió recaudando.